El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado esta semana varias iniciativas «para que el Gobierno del Estado cumpla con la Carta Europea de las Lenguas» y acepte las reclamaciones, escritas en gallego, de los vecinos de Gondomar (Pontevedra) sobre los problemas del servicio de internet en el municipio.

En un comunicado, el Bloque ha demandado al Ejecutivo nacional revocar la decisión de exigir la traducción de las peticiones por parte de los interesados y que dé curso a la reclamación.

Los vecinos de Gondomar llevan años reclamando una mejora en el servicio de internet, con una cobertura que, según recoge el comunicado, no supera 25% de las viviendas totales que se concentran en el casco urbano y en una parte de la parroquia de Vincios. Rego ha asegurado que esta situación «vulnera» el derecho para tener una conexión de calidad y «en igualdad de condiciones a lo que pueden disfrutar en otras zonas».

La organización frentista ha recordado que la comunidad del municipio constituyó la plataforma ‘Gondomar Fibra Xa!’, que recogió las quejas firmadas por la mayoría de los vecinos y las remitió al Instituto Galego de Consumo. El BNG ha afirmado que esta entidad «se desentiende» de las reclamaciones y es quien las envía a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

La organización nacionalista ha denunciado que es esta Secretaría del Estado la que ha exigido la traducción «bajo la amenaza de que, de no remitirlas traducidas al español en el plazo de diez días se entenderá decaída la petición».

VULNERACIÓN DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS

El diputado del Bloque ha aseverado que «esta actuación supone una grave vulneración de los derechos lingüísticos de las personas interesadas en el asunto». Asimismo, ha recordado que el Gobierno tiene un compromiso, «firmado hace ya treinta años, con la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias», por el cual «el Estado debe admitir la presentación de escritos y emitir respuestas en las distintas lenguas oficiales».

Además, Rego ha insistido en que, al haberse reclamado ante un órgano de la comunidad, no es responsabilidad de los interesados que la petición fuese remitida a la Administración nacional y que, por lo tanto, «es la Administración la que debe hacerse cargo de esa traducción».

El diputado frentista ha afirmado que, de no atenderse en gallego la petición, «supondría un evidente déficit democrático en un estado plurinacional y plurilingüístico». En esta línea, el BNG ha insistido en que «deberían facilitarse los trámites administrativos con independencia de la lengua que decidan emplear los ciudadanos».