El Consello de la Xunta aprobará este jueves en su reunión semanal la Ley gallega del ciclo integral del agua, un texto que recibirá luz verde del Ejecutivo autonómico a pesar de la oposición manifestada por tres de las cuatro diputaciones provinciales (A Coruña, Lugo y Pontevedra), que aseguran que la normativa invade sus competencias y acarreará un encarecimiento de la factura para los ciudadanos.

La noticia de la aprobación inicial del texto por parte del Ejecutivo autonómica ha sido avanzada por la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, durante su intervención en el pleno del Parlamento gallego para responder a una interpelación formulada por el diputado socialista Pablo Arangüena.

Allí, Vázquez ha confirmado la aprobación en el seno del Ejecutivo de la nueva legislación para el tratamiento de aguas en Galicia, una propuesta que recibió el rechazo de tres de los cuatro gobiernos provinciales (salvo el de Ourense, en manos del PP) y de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

La oposición de las administraciones locales, que denuncian una invasión de competencias con una ley que, dicen, encarecerá hasta en un 60% la factura del agua, motivó que el Gobierno gallego decidiese ampliar en varias ocasiones el período de aportaciones a su proyecto legislativo.

Ahora pasará por el Consello para su posterior envío al Parlamento de Galicia para su tramitación y previsible aprobación gracias a la mayoría absoluta de los populares. En el Pazo do Hórreo, los grupos de la oposición –BNG y PSdeG– hicieron suyas las críticas de las diputaciones de A Coruña, Pontevedra y Lugo; donde gobiernan en coalición.

DIPUTACIONES NO PARTICIPARÁN DE FORMA OBLIGADA

Durante su intervención, Ethel Vázquez ha asegurado que, ante la negativa de la mayoría de las diputaciones gallegas, el texto incluye un apartado que elimina el requisito «obligado» para los gobiernos provinciales de participar en la financiación de actuaciones en materia de gestión de los recursos hídricos.

Por tanto, según ha incidido la Xunta, la ley «ofrecerá mayor flexibilidad» para el financiamiento de las actuaciones con el objetivo de «facilitar la posibilidad de llegar a acuerdos».

De este modo, la nueva normativa abre la puerta a que las administraciones locales exploren vías de financiación «en otras entidades» para la cobertura de un tercio del presupuesto de las actuaciones, ya que los otros dos corresponderán a la Xunta y al propio ayuntamiento.

CRÍTICAS DEL PSDEG

El anuncio de la conselleira se produjo como respuesta a la interpelación defendida por el parlamentario socialista Pablo Arangüena, quien acusó a la Xunta de llevar a cabo «políticas tóxicas» de «falsificación verde», especialmente en lo tocante a la protección de los recursos acuáticos de la comunidad.

En concreto, Arangüena quiso poner el foco en la situación de las rías gallegas, donde ha asegurado que se produce desde hace unos años un deterioro de la calidad de las augas que ha provocado un «descenso drástico del número de bancos marisqueros».