El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha anunciado que el Ejecutivo central confía en tener en el primer semestre de este año posibles localizaciones alternativas para reubicar la fábrica de ENCE de Pontevedra.
En el transcurso de un acto en el municipio de Poio (Pontevedra), José Miñones, ha avanzado a los periodistas que este mes de marzo se firmará el primer contrato para la elaboración de un estudio para abordar un hipotético traslado de la pastera a otra localización.
Inicialmente el Gobierno había previsto encargar la redacción del informe a la Universidade de Vigo, pero ahora sopesa que sea la empresa pública Tragsa para poder realizar esta contratación «de forma más directa y rápida».
«Esperamos que en este mes de marzo tengamos una resolución de contrato para poder hacer ese trabajo y dentro del semestre tener esas alternativas encima de la mesa», ha dicho Miñones.
RECURSO DE ENCE
El representante gubernamental también se ha referido a la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite los recursos presentados por Ence contra la sentencia que anuló la prórroga a la fábrica de Lourizán. «Un proceso esperado, quiero decir, que es lógico y coherente dentro de la legalidad», ha dicho Miñones.
«Busquemos nuevas alternativas, por si esa sentencia es definitiva y por lo tanto estos recursos no van adelante, para que Ence se quede, a poder ser en la provincia de Pontevedra y sino en Galicia», ha sentenciado Miñones.
CONCELLO DE PONTEVEDRA
Por su parte, el gobierno del Ayuntamiento de Pontevedra, a través de la concejala nacionalista Carme Da Silva, ha trasladado que la admisión del recurso era esperada por el ejecutivo local que encabeza Miguel Anxo Fernández Lores.
«No esperábamos otra cosa. En ningún momento se manejó otra posibilidad», ha añadido Da Silva en una rueda de prensa en la que la concejala ha apuntado que los servicios jurídicos municipales «llevan tiempo» trabajando en los argumentos legales que presentarán contra esos recursos.
El gobierno entiende que es «normal» que el Supremo quiera sentar jurisprudencia en una cuestión «tan sensible» como es la ocupación de los terrenos de dominio público marítimo terrestre por parte de actividades que «pueden desarrollarse en otro sitio».
Por tanto, Da Silva ha incidido en que «no preocupa» que el Supremo vaya a deliberar sobre estas cuestiones, aunque espera que en su futura decisión «solo pesen los elementos judiciales» y que no se produzcan «valoraciones políticas» que influyan en un asunto «de tanta envergadura».
A este respecto, la edil del BNG recordó que Ence lleva «mucho tiempo» recurriendo al «chantaje» con el único objetivo de mantenerse en su actual localización «a pesar de que era conocedora de que la fábrica tenía fecha de caducidad».
Paralelamente, el teniente de alcalde, el socialista Tino Fernández, ha coincidido en esta valoración con sus socios de gobierno y ha añadido que el PSOE pontevedrés sigue considerando que la sentencia de la Audiencia Nacional está «absolutamente motivada» y que el Supremo confirmará este fallo.
«Pedimos que esta situación acabe lo antes posible», ha señalado Fernández, que confía en que todas las partes implicadas, más allá de los recursos judiciales, «se pongan a trabajar en el realmente importante» que para él es el mantenimiento de los puestos de trabajo.
PP VE UNA «VÍA DE ESPERANZA»
Por último, el portavoz municipal del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha mostrado su «satisfacción» por la admisión a trámite del recurso de casación presentado por Ence.
«Es un paso importante pero no definitivo» ha dicho Rafa Domínguez, que entiende que esta noticia «abre una puerta de esperanza» para los trabajadores de la factoría pastera de Lourizán.
«Desde luego a partir de ahora nadie puede decir que la fábrica está ahí ilegal», sostiene Domínguez, que apela a que esta resolución del Supremo «da viabilidad» a que su ubicación sea legal «porque hay un recurso que está vigente».
