El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes el anteproyecto de ley para la creación de los fondos de pensiones de empleo, que ya recibió el visto bueno en primera lectura el 23 de noviembre.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció el viernes pasado su intención de que el texto volviera al Consejo de Ministros de hoy tras recibir «observaciones que han mejorado mucho la norma», aunque carezca del respaldo de los agentes sociales.

Esta cuestión no preocupa a la Seguridad Social, ya que nunca se aspiró a que «hubiera una firma con los agentes sociales», como dijo el ministro el pasado viernes. No obstante, considera que hay «bastante acuerdo» sobre el anteproyecto.

Para Escrivá, el fondo de pensiones de empleo será una «norma muy positiva» que ofrecerá «fórmulas de ahorro a largo plazo mucho más atractivas».

El impulso del Gobierno a los planes de pensiones de empleo en las empresas incluirá también a los autónomos y a los funcionarios de las Administraciones Públicas más pequeñas.

Con esta normativa también se pretende reforzar el segundo pilar del sistema de pensiones. Además, responde a la recomendación 16 del Pacto de Toledo, a la reforma del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y a la disposición adicional 40 de la ley de Presupuestos de 2021.

Aunque los planes de empresa ya existen, la diferencia que introduce este anteproyecto de ley es la «implicación directa» por parte del Estado y, en concreto, de la Administración Pública y de la Seguridad Social, en la promoción de los fondos de empresa.

El porcentaje de personas cubiertas con planes de empleo en España es de un 10,2%, frente a una 48% de los asalariados del País Vasco, cubiertos por las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), según los datos del Ministerio. Para alcanzar esa cifra, se puede requerir «una década o más», en función de la generalización de los planes de empresa en los próximos años.

El Gobierno observa que en las últimas décadas se ha acentuado el desequilibrio entre los fondos privados y los colectivos, debido a la falta de atractivos suficientes para participar en los últimos. Por esta razón, la reducción de las comisiones, en comparación con los fondos privados, es una de ventajas que los fondos de empresa pretenden ofrecer a sus partícipes.

Las comisiones de un plan individual, del entorno del 1%, pueden suponer un coste adicional de 0,8 puntos respecto a los de empleo, con comisiones del 0,2%. Esto supondría una pérdida por sobrecomisiones de más de 9.000 euros para una pensión de 1.000 euros durante 35 años de aporte, como apuntan las fuentes conocedoras de los cálculos del Ministerio.

GOBERNANZA ESPECÍFICA Y SELECCIÓN DE GESTORAS

El Gobierno será el encargado de promover los fondos colectivos, aunque su gestión dependerá de gestoras de fondos. Estas se elegirán por concurso, de manera que se incentive la competencia y ofrezcan bajas comisiones para sus partícipes. Para ello, se abrirá un concurso basado en la igualdad, la transparencia y la libre competencia, como establece la Ley de Contratos del Sector Público.

La licitación estará abierta para todas las gestoras, sin importar su nacionalidad. Por el momento, ninguna ha expresado su interés, como aseguran las fuentes citadas.

Para la gobernanza de los fondos de empleo de impulso público se creará una Comisión de Control Especial y una Comisión Promotora y de Seguimiento. La primera estará integrada por 17 miembros, de los que nueve pertenecerán a la Administración Pública y los otros ocho serán designados por las organizaciones empresariales y sindicales. La Comisión Promotora y de Seguimiento contará con 9 funcionarios, de los que cinco procederán de la Seguridad Social, y el resto de los Ministerios de Economía, Hacienda, Trabajo y Transición Ecológica.

Otro de los motivos del Gobierno para potenciar los planes de empleo se basa en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de 2020, que evidenció el carácter regresivo del diseño de los planes individuales, con beneficios solo para las rentas más altas.

La Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 ya recoge que la deducción en el IRPF de los planes de empleo se eleva a 8.500 euros, mientras que en los planes individuales se sitúa en 1.500 euros, con una suma total de las aportaciones de 10.000 euros.

El Gobierno espera tener aprobado este anteproyecto antes del 30 de junio de 2022, como parte del compromiso del Ejecutivo con Bruselas para la recepción de los fondos europeos.