El PSdeG ha presentado una iniciativa parlamentaria en la que solicita que la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, «tome cartas en el asunto» en la investigación de posibles abusos a menores en la Iglesia Católica en Galicia a través de la elaboración de un informe.
La portavoz de Interior e Xustiza del Grupo Socialista, Paloma Castro, ve necesario que el Valedor do Pobo participe en la investigación sobre estos hechos, ya que representa el «alto comisionado del Parlamento de Galicia para la defensa de los derechos y libertades».
Castro reclama que el informe se elabore «en colaboración con todos los colectivos y personas implicadas» y disponiendo de la «total colaboración con el Defensor del Pueblo».
La iniciativa ha sido firmada también por el portavoz de Política Institucional del PSdeG, Pablo Arangüena, quien reclama a la Xunta que «facilite la investigación y a prestar toda la colaboración posible para tal fin».
El PSdeG señala la «necesidad» de «contribuir» a determinar los hechos y responsabilidades, «a la reparación de las víctimas» y a la planificación de políticas públicas para la prevención de estos abusos.
El partido demanda la creación de protocolos para los centros educativos con «criterios orientadores y procedimientos de actuación básicos, pero claros y completos», así como promover la «formación necesaria» para prevenir estos casos.
RESPUESTA DE LA XUNTA
Paloma Castro ha lamentado la respuesta del presidente de la Xunta a las denuncias, «rechazando» la investigación a nivel nacional y «relativizando» el papel de la Iglesia, y la ha definido como «difícilmente comprensible» si se considera que la Iglesia católica «ha sido la principal institución educativa a lo largo de la historia» y que en la actualidad «tiene un papel muy importante».
La portavoz Interior e Xustiza del PSdeG ha señalado que los casos denunciados son «graves vulneraciones» de los derechos de los niños con «importantes repercusiones y secuelas sobre su salud y desarrollo, condicionando su vida adulta».
Por ello, ha señalado que Galicia «no puede quedar atrás» no impulsando las investigaciones, «al igual que han hecho otros países» a través de comisiones independientes y gubernamentales.
