La Xunta de Galicia ha remitido en la mañana de este viernes al Concello de Vigo los 17 informes que los distintos organismos y direcciones generales del Gobierno autonómico deben redactar para la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), 4 de ellos desfavorables.
Tal como ha informado en rueda de prensa la conselleira Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, estos documentos se redactaron «en tiempo y plazo», ya que la Xunta se estableció un máximo de 3 meses para llevarlos a cabo.
Dentro de estos 17 informes se encuentran algunos relativos a Patrimonio, Calidad Ambiental, Defensa do Monte, Mobilidad o Emergencias e Interior. Vázquez explicó que el único texto autonómico que está pendiente es el de Augas de Galicia, ya que se pidió más información técnica al Concello para poder realizarlo.
«Cumplimos nuestra función, que es apoyar al Concello de Vigo que tiene una importancia trascendental porque son 300.000 habitantes y es una de las economías que tenemos que seguir cuidando y mimando», ha reivindicado la titular de Territorio.
Ángeles Vázquez ha explicado que ahora es el gobierno municipal el que tiene que hacer las reformulaciones oportunas, ya que de los 17 informes, 4 son desfavorables y otros son favorables con condiciones. Por ello, ha instado a que se corrijan lo antes posible para que el PXOM pueda estar finalizado antes de mayo de 2023, que es cuando decae la norma provisional.
Entre las correcciones necesarias, el Concello tendrá que corregir algunos aspectos como el permitir la construcción de casas unifamiliares de hasta cuatro alturas que es «incoherente» con esta tipología de viviendas, sobre todo en ámbitos cercanos a la costa.
«Cuando se corrijan los defectos seguiremos a disposición del Concello», ha añadido Vázquez, quien también ha indicado que los técnicos de la Xunta también están disponibles para solventar «en el menor tiempo posible» esta situación.
«MISMO TRATO» HACIA LA XUNTA
En la rueda de prensa, la conselleira ha destacado la «celeridad» del Ejecutivo autonómico y ha pedido al gobierno municipal «el mismo trato» en relación a los permisos necesarios para la ampliación y construcción de edificios de San Paio de Navia.
En esta línea ha hablado la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, quien ha subrayado que el Gobierno autonómico «cumple con su parte» como «siempre ha cumplido» y ha pedido «lealtad institucional» en relación a las últimas polémicas como el instituto de Navia, que cuenta con el «compromiso» de la Xunta y respecto a la autovía Vigo-O Porriño, defendida por el Ejecutivo gallego, que a su vez ve la eliminación del peaje de la AP-9 como una «solución inmediata».
Fernández-Tapias también se ha referido a la situación del nuevo vial que recorrería varias parroquias rurales de Vigo, destacando que es una carretera municipal, que discurre solo por el territorio vigués, y que la Xunta no puede financiar, además de que «no cuenta» con el apoyo de los vecinos.
En este aspecto, Vázquez ha explicado que los informes no valoran la conveniencia o no del vial, sino que indican la necesidad de que el Concello busque otra fuente de financiación que no sea el Ejecutivo gallego.
