El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lugo, que suma más de 300 en la provincia, Jesús Vázquez, ha expresado este martes su preocupación por el fenómeno de las ‘okupaciones’, que aumenta y se «extiende» tanto en Lugo como en el conjunto de Galicia, ha dicho, y ante el que ha pedido que la legislación contemple penas de cárcel.

En este sentido, Vázquez ha lamentado que, con la ley hoy en la mano, «la okupación campa a sus anchas». «La ley es laxa, y una okupación se convierte en un calvario judicial, con gente que se declara insolvente, enganches ilegales y gente que provoca problemas de convivencia, y, aquí en Lugo, en el barrio de A Milagrosa, lo hemos sufrido en la calle Camiño Real», ha desgranado.

Por ello, exige que se aplique en España la legislación de otros países europeos, como en Alemania, donde los desalojos se producen «en horas o al día siguiente». Según sus palabras, en España «este proceso de desokupación puede tardar hasta un año o año y medio, en muchos casos hay que asumir incluso el chantaje de estas personas para dejar libre una vivienda».

En consecuencia, apela a «reformas legislativas para que se endurezcan las penas y llegar a que se imponga prisión para aquellas personas que realicen okupaciones ilegales».

Jesús Vázquez ha dicho que este problema afecta a distintos barrios de la ciudad de Lugo: Ás Gándaras, Sagrado Corazón, O Castiñeiro, A Fervedoira o en A Milagrosa, en este último caso con «degradación en la convivencia» con los vecinos.

CONFRONTACIÓN EN EL CONSISTORIO

En el ámbito municipal, el PP ha acusado al gobierno de la socialista Lara Méndez de ser «permisiva» con los okupas, algo que, consideran, ha producido un «efecto llamada».

«Es evidente que si la ocupación de un bien ajeno no tiene consecuencias, se genera una lógica sensación de impunidad ante este tipo de delitos, ha dicho el viceportavoz popular, Antonio Ameijide, que ha recordado que los populares han pedido la creación de una oficina municipal de asesoramiento y apoyo a los propietarios de viviendas afectadas por estas circunstancias.

Por su parte, el portavoz del gobierno local, Miguel Fernández, ha calificado la actitud de los populares de «bajeza política y moral» y los ha acusado de «instrumentalizar» la okupación para «alcanzar réditos partidistas».

Tras mostrar su preocupación por «cualquier cuestión que genere malestar o incertidumbre» a los lucenses, Fernández ha recordado que se trata de dos aspectos que «no son competencia municipal», como es la vivienda, que gestiona la Xunta, y la seguridad ciudadana, tutelada por el Gobierno central.