El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha informado de que la Xunta ha presentado alegaciones a la propuesta de población ajustada del Ministerio de Hacienda con el fin de que se corrija una infrafinanciación anual que cifra en 802 millones para servicios públicos fundamentales –sanidad, educación y política social–.

En rueda de prensa en Santiago, el conselleiro ha explicado que se presentan alegaciones, en un documento de unas 50 páginas, ante esta propuesta «parcial» del nuevo sistema de financiación, ya que por ahora Hacienda tan solo se ha referido a la población ajustada.

Por ello, reclama que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que se inicie de forma «rápida» el debate con las comunidades, mientras remarca que «sería interesante» tener una perspectiva «global» y no solo de una pata de la financiación.

Así, la Xunta considera que el actual modelo es «insuficiente», puesto que –con datos de 2019– supone para Galicia un gasto de 802 millones en servicios fundamentales por encima de lo que recibe.

Al respecto, Corgos señala que Galicia apuesta por un modelo de coste que pase por que todos los ciudadanos puedan tener acceso a unos servicios de calidad con independencia del lugar en el que residan.

ALEGACIONES

Las enmiendas de Galicia a la propuesta de Hacienda cuentan con las aportaciones de expertos y grupos parlamentarios hechas en la comisión sobre financiación del Parlamento gallego.

Sobre sanidad, la Xunta se queja de que se pase de siete a 20 tramos de población con una minoración del peso de los de más edad respecto a la situación actual. El Gobierno gallego apuesta por una ponderación del gasto sanitario en el rango alto de la propuesta, con un peso del 45%.

En educación, la comunidad gallega cree que la variable que mejor refleja el gasto educativo para las comunidades es el número de matrículas de alumnos en la enseñanza pública y corcertada ponderadas por su coste. Propone para esta variable un peso del 25%.

En lo tocante a dependencia, pide que se refleje el coste real y crear tramos nuevos. Pone de ejemplo que no se computan de forma adecuada los costes que suponen los mayores de 80 años con mayores tasas de grandes dependientes. También echa en falta que no se midan otras políticas de gasto social, tales como familia y migración.

En lo tocante a dispersión, recuerda que Galicia cifra en más de 500 millones el coste que supone esta variable para la comunidad, por lo que la ponderación actual de esta variable del 0,6% debe incrementarse hasta el 1%. También defiende que se siga midiendo con base en las entidades singulares, pues cree que es la que mejor refleja la diseminación de población.