El BNG ha demandado a la Xunta que se involucre de forma «activa» en las negociaciones para la actualización del convenio para la conserva, del que la formación nacionalista espera que el nuevo marco laboral «termine definitivamente con la discriminación salarial de género» presente en el sector.

La organización frentista ha registrado una batería de iniciativas en la Cámara autonómica en las que se dirige al Gobierno gallego, al que invita a desplegar «todos sus medios y recursos» para que las negociaciones avancen hacia la eliminación de una «discriminación escondida en la segregación por sexos de los puestos de trabajo» que acarrea difererncias económicas en las retribuciones.

Esto, según ha subrayado la portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario del Bloque, Rosana Pérez; se debe a que los puestos de producción están ocupados mayoritaramiente por mujeres mientras que el personal de oficios, por hombres.

«Resulta totalmente injustificable que la Xunta se desentienda y no mueva un dedo para tratar de mejorar los derechos laborales más básicos de casi 12.000 personas en Galicia, de las que más de 9.500 son mujeres», ha manifestado Pérez, que ha trasladado el apoyo del BNG a la huelga convocada para este viernes en el sector.

Para la diputada nacionalista, «no tiene explicación que a estas alturas el convenio tenga que seguir negociándose en Madrid» cuando «más del 80% de las industrias conserveras de todo el Estado están en Galicia».

En este sentido, el Bloque defiende también la necesidad de que el Ejecutivo gallego promueva en el futuro la elaboración de un convenio a nivel autonómico para la conserva, un sector que, según Rosana Pérez, fue «uno de los pocos» que salió beneficiado durante la pandemia por el «carácter esencial de sus productos» y que vio incrementadas sus exportaciones en un 15%.

Así las cosas, la parlamentaria reinvidica la importancia de erradicar «definitivamente» la discriminación salarial de un sector formado «mayoritariamente» por mujeres y que presenta diferencias salariales «de 850 euros al año» enre las auxiliares de conserva y los ayudantes, puestos desempañados por hombres.

PISOS SAREB BURELA

Por otra parte, el diputado en el Congreso del BNG Néstor Rego ha reclamado explicaciones al Gobierno central por la situación de 16 familias que residen en un inmueble de Burela (Lugo) propiedad de la Sareb y que han visto finalizados de forma «unilateral» los contratos de alquiler de los pisos.

En un comunicado, Rego explica que las familias recibieron una notificación en las que se le comunicaba la finalización del contrato de alquiler para la puesta en venta de los pisos de un edificio calificado como de protección autonómica para alquiler a 25 años, con lo que los residentes podrían prolongar su estancia hasta 2029 (residen en las viviendas desde 2004).

Para el diputado, el Gobierno debe transferir esos activos inmobiliarios a Galicia para que asuma su gestión el Instituto Galego de Vivenda e Solo de cara a la creación de una bolsa de vivienda pública «que permita facilitar el acceso a la vivienda de personas y colectivos más desfavorecidos y la juventud del país».

«En Narón, A Coruña, Silleda y, agora Burela, la SAREB está ignorando su propio compromiso de ceder los inmuebles para vivienda social y continúa apostando por el desalojo y el desahucio de las familias que viven en ellas», ha denunciado Rego.