El que fuera alcalde de Ourense por el Partido Popular entre 1995 y 2007 ha comparecido este lunes en la Audiencia Provincial acusado de un delito de prevaricación y malversación por eximir el 10% de aprovechamiento urbanístico a constructores y promotores.

En respuesta a las preguntas del Ministerio fiscal en la primera sesión del juicio, el exregidor ha declarado que «las propuestas se firmaban con los informes favorables de técnicos y jurídicos».

En el juicio también está acusado el exconcejal de urbanismo, Ricardo Campo, al que también se le atribuyen delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en lo que se conoce como «causa del 10%».

Cuando Cabezas fue proclamado alcalde de la ciudad- con mayoría absoluta, 14 de 27 concejales, en 1995- estaba en vigor un acuerdo plenario del 1994 que eximía a los constructores de la cesión del 10% del suelo, pero dos años más tarde, en 1997, se aprobó la Ley del Suelo de Galicia y con ella se exigía la aplicación de esa cesión que no se ha encontrado en 15 proyectos del Ayuntamiento de Ourense que se han llevado a juicio.

La denuncia la interpuso la exconcejala de urbanismo socialista, Aurea Soto, que ejerce la acusación popular desde que se presentó la querella en 2014. En ella acusaba de haber eximido a promotores y constructores de la entrega al patrimonio municipal del aprovechamiento urbanístico del 10% en 15 proyectos de compensación en suelo urbano noconsolidado, provocando un perjuicio al Ayuntamiento calculado en 1,6 millones de euros.

Manuel cabezas ha sido el primero en declarar y, durante su defensa, ha asegurado que «no se ha aplicado un acuerdo contra la ley». «Nosotros solo votábamos algo que tuviese el beneplácito de los técnicos», ha sostenido.

Así ha esgrimido que tanto antes del 1997 como después de este año «se emitieron informes favorables» y que «todos fueron votados por órganos colegiados». «Yo sabía que mi seguridad jurídica estaba en los órganos colegiados donde se votaron las propuestas de resolución firmadas por técnicos y jurídicos», ha asegurado.

Además, ha recordado que el acuerdo estaba vigente desde antes de que tomase la alcaldía y ha asegurado que fue el secretario quien le habló del mismo y el secretario era, según sus palabras, «especialista en urbanismo».

La Fiscalía solicita 7 años de prisión para cada uno de los acusados, 17 de inhabilitación y el pago individual de 1,58 millones de euros por parte de Manuel Cabezas y 1,19 millones de euros por Ricardo Campo, la defensa sostiene la libre absolución.