El juicio sobre el supuesto fraude millonario de subvenciones ocurrido en la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) a finales de la década de los noventa llega por fin a juicio.
Tras varias suspensiones, la última ocurrida en 2019 por «traspapelarse» miles de folios, el juicio comenzará este miércoles, 19 de enero de 2022, en la Sección de la Sexta Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, en donde se celebrará durante tres jornadas.
Las defensas alegaron, en septiembre de 2019, indefensión al no haber podido accedido a 21 tomos de la causa –la cantidad total difiere entre los 6.000 y los 9.000 folios en función de lo que dice cada parte–. Por ello, reclamaron una suspensión, a la que accedió el tribunal.
Para el principal acusado, el que hasta ese el año 2000 fue secretario de la patronal gallega, Rafael Sánchez Sostre, Fiscalía pide cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros por un delito de fraude de subvenciones.
Los otros ocho acusados se enfrentan a peticiones de dos años de prisión –y multas que oscilan entre los 50.000 y los 500.000 euros–. Entre ellos hay socios, gestores y representantes de empresas organizadoras de cursos de formación por supuestamente apropiarse de fondos públicos destinados a tal efecto entre los años 1996 y 1999
Para ejemplificar la dilación en este proceso, el abogado principal acusado decía en 2019 que comenzó con 40 años en la causa y por entonces tenía 59. «Me voy a jubilar antes de que se termine», afirmaba en una intervención en la que pedía la prescripción de los delitos.
ACUSACIÓN DE FISCALÍA
De acuerdo con Fiscalía, todos los acusados, «con la finalidad de conseguir un beneficio patrimonial», se apropiaron de fondos públicos justificados a través de «cursos no realizados», facturas «dobladas» y la «imputación excesiva de coste» de profesorado, aulas y manuales didácticos, además de «otros excesos contables».
En este contexto, se considera a Sánchez Sostre, por aquel entonces secretario de la CEG, como el «máximo responsable» de la trama y de ser el «encargado de tramitar y dar cumplida cuenta» entre los años 1997 y 1999 de subvenciones ascendentes a varios millones de euros y procedentes de fondos europeos, correspondientes a planes de formación que gestionaba el INEM –a través de la Fundación para la Formación Continua (Forcem)– o convocaba la Xunta.
