Diez hospitales de gestión privada de Galicia han presentado un recurso contencioso-administrativo para reclamar a la Consellería de Sanidade de la Xunta que abone los «daños y perjuicios causados» por la intervención de estos centros sanitarios durante el estado de alarma en 2020 por la pandemia debida a la Covid-19.

Según un informe encargado a KPMG, se estima en 13,3 millones de euros las pérdidas sufridas entre el 15 de marzo y el 21 de junio de 2020. Así lo ha informado la Asociación de Hospitales de Galicia (Ahosgal), que ha explicado que diez de los 12 hospitales que forman esta entidad solicitan a través de un recurso por vía judicial la «indemnización individualizada» después de que, critica, «el Sergas no hay respondido a la reclamación administrativa presentada por estos centros privados en marzo de 2021».

En concreto, estos hospitales privados demandaron por vía administrativa el abono de los daños causados por la «puesta a disposición» de sus instalaciones durante el estado de alarma que, recuerda, les «obligó a estar a disposición del sistema público de salud con todos sus medios personal y técnicos al completo», pero, matizan, «no pudieron desarrollar su actividad normal porque el Sergas les obligó a suspender o aplazar la actividad programada».

A través de un comunicado de prensa, explican que los demandantes consideran que la «desestimación» de esta reclamación por «silencio administrativo» es «contraria a derecho», por lo que han decidido interponer el recurso judicial para «defender sus derechos», abundan.

Para determinar las cuantías de los daños causados, Ahosgal solicitó un ‘Informe de Experto Independiente’ a la auditora KPMG, que concluyó que «el perjuicio económico sufrido por los centros sanitarios asciende a 13,3 millones de euros por la obligada puesta a disposición y la paralización de la actividad asistencial normal y ordinaria durante el periodo del 15 de marzo al 21 de junio de 2020».

Para calcular la indemnización individual que corresponde a cada hospital, los expertos de la empresa auditora evaluaron el «lucro cesante», ha explicado Ahosgal, los rendimientos que los centros dejaron de percibir durante el Estado de Alarma; y el «daño emergente», ocasionado por las medidas adoptadas por la Administración pública.

«SACRIFICIO PATRIMONIAL»

«Los hospitales gallegos de gestión privada han apoyado desde el primer momento la decisión de ponerse a disposición del Sistema Público de Salud, así como la reordenación asistencial impuestas a consecuencia de la pandemia, aunque defienden que la Administración sanitaria gallega, como autoridad competente en la toma de decisiones, debe indemnizar a las empresas por el sacrificio patrimonial y daños y perjuicios sufridos», reivindican estos centros hospitalarios privados.

En este sentido, Ahosgal recuerda que han recibido «instrucciones precisas» de la Consellería de Sanidade para» mantener las plantillas al completo y a pleno rendimiento» para estar «a disposición» del Sistema Público, además de tener que «suspender o aplazar» la actividad de los centros privados, lo que, justifican, «motivó una caída notable de la asistencia normal y sanitaria».

Asimismo, aseguran que «se les impidió acogerse a ERTES o conceder vacaciones al personal», una solución a la que, resaltan, «sí han podido acceder empresas de otros sectores económicos».

Por ello, la Asociación de Hospitales de Galicia considera que la reclamación es consecuencia de la «falta de voluntad» de la Consellería de Sanidade para resolver las demandas de estos centros sanitarios, a pesar de los «numerosos esfuerzos» para llegar a un acuerdo.

«Desde la declaración del Estado de Alarma y después de varias peticiones de diálogo y la reclamación administrativa presentada el mes de marzo de 2021, el conselleiro de Sanidade mantuvo el pasado mes de agosto una conversación por vídeo conferencia en la que se comprometió a buscar una solución», alegan.

SIN PROPUESTAS

Sin embargo, lamentan que estos hospitales «no han recibido ninguna propuesta ni antes ni a partir de ese momento». En este sentido, esta asociación recuerda que otras comunidades como Madrid, Cataluña, Baleares, Navarra o Canarias han encontrado «soluciones» para esta situación.

De este modo, apunta que, recientemente, el Gobierno de Murcia acordó el pasado 29 de diciembre establecer una «indemnización de carácter excepcional y urgente» para los hospitales privados por la «puesta a disposición» durante la pandemia.