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Asime pide Barreras se adjudique a un candidato con «experiencia» y cifra en 12 millones la deuda con las auxiliares

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La patronal gallega del metal, Asime, ha apelado a la «responsabilidad» del propietario de Hijos de J. Barreras, Cruise Yatch Yardco, en el proceso de venta para que el astillero vigués se adjudique a un candidato con «experiencia» en la construcción o reparación naval y, en la medida de lo posible, con contratos en cartera, y ha cifrado la deuda pendiente con la industria auxiliar en 12 millones de euros.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa celebrada este lunes en Vigo el secretario general de Asime, Enrique Mallón, después de que la fase de análisis de las ofertas vinculantes presentadas en el marco del proceso de venta del astillero vigués arrancase a comienzos de este mes y en un momento en el que se prevé que finalice de cara a comienzos de 2022.

Ante este escenario, ha reclamado que no se priorice la cantidad de dinero ofertada al seleccionar al adjudicatario, ya que una diferencia de «2, 3 o 5 millones» puede resulta «irrisoria» en comparación con el impacto económico de la actividad del principal astillero privado de España. Tras apuntar que tiene constancia de «al menos tres» ofertas, ha concluido que una diferencia de varios millones en estas puede resultar «irrelevante» dado que «algunos candidatos dicen que pueden aportar contratos de hasta 800 millones de euros».

En esta línea, el secretario general de Asime ha recordado que Barreras llegó a generar hasta 3.000 empleos directos e indirectos y ha apelado a la «responsabilidad» del propietario, ya que la adjudicación «va a afectar no solo a los acreedores, sino también al sector en su conjunto». De hecho, ha cifrado en 12 millones de euros la deuda del astillero pendiente con la industria auxiliar, que ha confiado en que el adjudicatario «asuma de modo responsable».

Así las cosas, ha advertido de que una adjudicación a un candidato que «simplemente aporte una cantidad económica», conllevará que Asime adopte «acciones legales, comerciales y de marketing» y también ha llamado a la «responsabilidad» del órgano judicial correspondiente, al que ha apuntado que se presentarán una o varias ofertas para su validación, y el Puerto de Vigo.

CONCESIÓN DE TERRENOS DE LA ANTIGUA VULCANO

Por otra parte, se ha referido a la aprobación por parte del Puerto del pliego de bases para sacar a concurso la concesión de los terrenos que ocupa la antigua Factorías Vulcano (ahora Astilleros San Enrique), con una inversión mínima requerida de 974.800 euros más IVA y un plazo de 10 años ampliables a 15, si se supera la inversión en un 25%.

A este respecto, Enrique Mallón ha explicado que «hace meses» esta entidad «ponía en valor proyectos de reparación naval que garantizaban un futuro para las instalaciones» y «ahora se saca a concurso una superficie menor que la Vulcano» con 15 años de concesión, «un plazo mínimo para que haya interés de cualquier gestor o inversor».

Aunque ha reconocido que ve «con satisfacción» que el Puerto dedique la superfice a la actividad naval, ha alertado de la «falta de infrestructura» y ha señalado que de los 50.000 metros cuadrados con los que llegó a contar la extinta Vulcano se ha pasado a contar con 18.000. Tras insistir en que «si se hace bien pueden ser instalaciones estratégicas», ha remarcado la importancia de contar con «proyectos reales» y analizar «qué pueden aportar».

Por ello, ha pedido que la superficie «se adjudique al mejor candidato» y ha apelado a las instituciones con representación en el Consejo de Administración del Puerto –el propio Puerto, la Xunta y el Ayuntamiento– a efectuar esta ación «pensando en la capacidad de la industria».

Después que Vulcano entrase en liquidación, el Puerto reclamó la concesión, que expiraba en 2027, al entender que se había extinguido. Al darle la Justicia la razón se puso en marcha el proceso para el lanzamiento de un nuevo concurso. Estos terrenos se encontraban en manos de Astilleros San Enrique, si bien el presidente portuario, Jesús Vázquez Almuiña, confirmó el pasado mes su entrega a la institución, lo que supone que la empresa se quedase sin acceso a la lámina de agua.

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