El Parlamento de Galicia ha trasladado su apoyo a la economía social gallega, de la que ha destacado que promueve un empleo estable y de calidad, es pionera en la innovación social, ofrece soluciones a los retos económicos y sociales, y contribuye a la «cohesión social» al impulsar la inclusión y ser un modelo de igualdad de oportunidades para todas las personas.

El presidente de la Cámara gallega, Miguel Santalices, ha dado lectura este viernes a una declaración institucional en la que señala que la economía social es un «actor fundamental» en la sociedad actual que aporta formas organizativas que introducen un conjunto de principios, valores y objetivos comunes «a favor de un modelo económico inclusivo».

«El mapa de la economía social en Galicia está formado por más de 7.300 entidades y empresas, con un volumen de empleo estimado de 24.904 personas trabajadoras y más de 74.120 personas sociales, comuneras o mutualistas, generando alrededor del 7% del PIB», señala el texto.

Asimismo, recuerda la aprobación de la Ley de Economía Social de Galicia en 2016, así como la definición de la política pública de promoción de la economía recogida en la Estrategia gallega de Economía Social y en la constitución del Consello Galego de Economía Social, ambos en 2019, con el fin de «disponer de un marco de actuaciones y un contexto que fomente la interlocución y el diálogo de todos los agentes implicados».

Además, apunta que, con base en todo esto y siguiendo la estela de instituciones europeas y españolas, el Consello da Economía Social de Galicia pidió el reconocimiento y apoyo del Consello Económico y Social de Galicia, cuyo pleno aprobó el pasado 8 de noviembre un manifiesto a través del que se insta a compartir este reconocimiento por parte de las instituciones públicas par reforzar la visibilidad de las empresas de esta rama.

Todo ello a través de políticas públicas y cualquier otra iniciativa adecuada a tal fin, en cooperación con los agentes de la economía social, buscando la transversalidad, para mejorar la coherencia de las políticas y obtener una mayor eficacia.

También aboga por mejorar el nivel de conocimiento sobre las empresas y entidades de economía social, promoviendo la cooperación entre el mundo académico, los centros de investigación, los institutos de estadística y las entidades y empresas de la economía social.

Además, recomienda apoyar la implementación de una normativa y los procedimientos que fomentan objetivos de política social, como puede ser la contratación pública socialmente responsable, así como la presencia de la economía social en todos los sectores del ámbito de la educación.

Por último, pide no olvidar la propuesta de reforzar las redes de actores públicos, privados y sociales para fomentar el crecimiento económico y las políticas de inclusión social en el territorio.