La Proposición No de Ley presentada por el grupo nacionalista en la voz del diputado Xosé Luis Bará insta a la Xunta a crear un servicio ferroviario de proximidad para la Comunidad, así como la creación de un ente ferroviario gallego, el que han denominado Galtren, cuya creación se había debatido en 2010 pero que no llegó a concretarse.

Bará ha señalado que es «una anomalía» la falta de un servicio de cercanías en Galicia, como sí existe en otras comunidades autónomas del Estado. «Esto responde a pensar Galicia en pequeño, como una especie de Diputación, y no en grande, desplegando el potencial y ejerciendo todas las competencias en materia de movilidad», ha asegurado.

El nacionalista ha defendido un modelo de ferrocarill pensado para el S.XXI y para Galicia, basado en tres premisas: que sea sostenible, que sea un medio de conectividad seguro y rápido y que funcione como un elemento de vertebración y cohesión territorial.

«Un modelo que permita superar el defendido por el PP, radial, del AVE, que a quien beneficia es a Madrid, al centro. Un modelo madricentrista», ha apuntado, para agregar que la prioridad de los gallegos no es ir a la capital y que un servicio de cercanías sí sería «la auténtica intermodalidad, no construir estaciones una al lado de la otra».

Respecto a la creación del ente ferroviario gallego, el diputado ha recordado que entre 2009 y 2010 ya se abordó esta iniciativa, y que incluso llegó a licitarse el contrato en 2010, aunque finalmente «quedó en nada». Los nacionalistas creen posible volver a licitar este proyecto durante el primer semestre de 2022.

El grupo socialista, por su parte, se ha mostrado a favor de la PNL del BNG, aunque ha presentado una enmienda para conquerir «primero que nada» el traspaso de los servicios ferroviarios a Galicia con el objetivo de «reforzar el ferrocarril como medio de transporte sostenible». Además, ha afeado al Gobierno autonómico «no apostar por la proximidad y echar balones fuera» en cuanto a esta problemática.

Los populares, sin embargo, han lamentado en su intervención el «desmantelamiento» del transporte por tren en Galicia con la excusa de la pandemia de covid-19. «En vez de pedir acabar con eso, piden que la Xunta haga lo que el Gobierno de España no quiere hacer», ha asegurado el popular José M. Balseiro.

Y es que consideran que debe ser el Ejecutivo central el que se haga cargo de «acometer las obras necesarias» para dotar de competitividad la red ferroviaria gallega, «asumiendo los gastos el Estado» y «no sólo los gallegos».

El popular ha calificado la red gallega de «desastrosa y deficiente» y ha instado al Gobierno central y a Renfe a restablecer todos los servicios anteriores a la pandemia y «ampliar» el número de frecuencias y servicios que permitan atender la movilidad interior de Galicia.

CONTROL DE RESIDENCIAS DE MAYORES

Por otro lado, el BNG ha llevado al pleno parlamentario una Proposición No de Ley sobre el control de las residencias de mayores en Ourense, en la que han criticado severamente la falta de recursos para las inspecciones de los servicios sociales de la Xunta.

Iago Tabarés, el diputado encargado de defender la propuesta, ha asegurado que «11 inspectores son insuficientes para controlar 1.800 centros» –entre los de tercera edad, discapacidad y menores, entre otros–. Ha asegurado además, amparándose en informes del Consello de Contas y de otros organismos, que hay residencias en las que «hace años que no se realiza una inspección».

Sobre esto, ha lamentado que «la Xunta pague con recursos públicos a las empresas concesionarias y que no se sepa nada: si dan los servicios necesarios o la alimentación debida, si tienen contratados a los profesionales mínimos…».

Ha aseverado, por último, que «cuando se incumple, tampoco se sanciona» respecto a los procesos sancionadores que debe incoar el departamento autonómico cuando detecta algún problema.cuando se incumple, tampoco se sanciona.

A este respecto, el grupo socialista ha instado a la Xunta a «blindar los derechos de las personas mayores» cuyo bienestar corre un «riesgo evidente». Han indicado además que Galicia es la segunda comunidad con menos técnicos de inspección y, con la tasa de envejecimiento que presenta la región, «es un cóctel molotov».

Por su parte, los populares han defendido la gestión del Gobierno autonómico asegurando que cuentan con 29 profesionales de inspección, más profesional interino de apoyo para tramitar expedientes sancionadores, entre otros trabajadores.

Jose Alberto Pazos ha lamentado además que los diputados del BNG utilicen su condición de parlamentarios para «difamar a cargos y trabajadores públicos con el único fin de cuestionar al Gobierno», así como que «atribuyan la comisión de delitos».

El popular ha negado que la Xunta «tape nada» y ha aseverado que «si se presumen indicios de delito, se da traslado a la Fiscalía, juzgado o autoridad competente». De hecho, ha comentado, el año pasado el Ejecutivo gallego ordenó el cierre cautelar de la Vivienda Comunitaria de Burón (A Fonsagrada), que fue propuesta para sanción –concretamente de 195.000 euros–.

Por último, Pazos ha instado a Tabarés a «trasladar» él mismo el delito que supuestamente se haya cometido. «Si no, el que incumple la Ley es usted», ha afirmado. Sobre esto, el nacionalista ha respondido que «si la Xunta le diese permiso, mañana mismo lo haría», asegurando que le corresponde a la Consellería y no a los propios trabajadores incoar los expedientes sancionadores.