Los grupos con representación en la Cámara gallega han alcanzado este jueves un acuerdo para demandar al Gobierno del Estado que, en el desarrollo de la Ley de cadena alimentaria, dote a los sectores productivos de una herramienta pública y objetiva que fije unos costes de producción de referencia vinculantes y obligatorios.

«O que, en su caso, se permita utilizar para su determinación fuentes del Ministerio de Agricultura (el Estudio de Costes y Rentas de las Explotaciones o la Red Nacional de Granjas Típicas, la llamada cuenta láctea), los estudios publicados por los diferentes observatorios de la Comunidad autónoma o los realizados por la universidad o organismos públios», señala la moción aprobada.

El acuerdo ha partido de una iniciativa defendida por el diputado del BNG Xosé Luis Rivas ‘Mini’, quien ha aceptado consensuar con el Grupo Popular este punto, que también recibió el apoyo del PSdeG.

Tanto los populares como los socialistas respaldaron otro de los apartados de la moción de lo nacionalistas. En concreto, insta a la Xunta a velar por que, en los nuevos contratos a firmar entre productores e industria transformadora, los precios acordados incorporen las subidas con referencia al IPC gallego de los alimentos para el ganado, combustible, electricidad, abonos y demás factores que inciden en los costes de producción.

Sin embargo, el grupo mayoritario, que ha pedido la votación por puntos, ha rechazado promover un foro de debate arbitrado por la Consellería do Medio Rural en el que estén representados todos los actores de la cadena de producción y obtención de la leche y derivados.

En la defensa de la iniciativa, el diputado nacionalista ha denunciado que los agricultores y ganaderos están en la «más absoluta indefensión» y ha señalado que el principal problema del rural «está en el cálculo y uso de los costes de producción de referencia y su aplicación desde los mercados».

En el debate, el socialista Martín Seco ha atribuido esta situación a los problemas estructurales de los «33 años» de gobierno del PP en Galicia, «una derecha que una vez más trata de trasladar sus responsabilidades a Madrid».

Por su parte, la diputada popular Elena Candia, que ha avanzado el apoyo de su grupo a los puntos que salieron adelante, ha reiterado la demanda al Gobierno central para que habilite los mecanismos necesarios que garanticen el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria.

INICIATIVA SOBRE EL SECTOR DE LA CARNE

En la sesión plenaria, el diputado del PSdeG, Martín Seco, ha defendido otra moción a través de la que ha instado a la Xunta a garantizar que los precios de venta del sector de la carne sean superiores a los costes de producción.

El portavoz de Ganadería del Grupo Socialista ha alertado de que la «pasividad» del Gobierno gallego «puede acabar con el cierre» de 11.000 ganaderías tradicionales en toda Galicia, «ahogadas por el aumento de los costes y la caída de ventas tras la pandemia».

La medida, que ha contado con el apoyo del BNG, no ha salido adelante al ser rechazada por el PPdeG, cuyo diputado Daniel Vega ha destacado que la estrategia de dinamización del sector de la carne de la Xunta permitirá «consolidar este sector y garantizar el recambio generacional», que las explotaciones «sean rentables» y mejorar el nivel de transformación de la industria cárnica y la generación de valor añadido, así como seguir avanzado en la profesionalización con más formación.