El colectivo de personas jubiladas y pensionistas de la CIG se ha manifestado este jueves en las siete ciudades y en Cangas «en defensa de unas pensiones públicas dignas y garantizadas» y para pedir la derogación «real» de las reformas de 2011 y 2013, «cuyos recortes se consolidan con la aprobación de la nueva ley».
Respecto a la nueva norma, señalan que el texto constituye la primera parte de la reforma que formula el Gobierno para cumplir con «las duras exigencias que impone la UE para acceder a los fondos de reconstrucción».
«Aunque se nos pretenda presentar esta reforma como la normativa que deroga las anteriores, lo cierto es que el texto legislativo perpetúa las medidas más duras que tanto han precarizado el sistema público de pensiones», han asegurado en un comunicado.
Así, se mantiene la reforma del PSOE de 2011 que atrasó a los 67 años la edad de jubilación y amplió el periodo de cálculo a los 25 años «con un único objetivo: dificultar el acceso y reducir la cuantía de las pensiones».
Si bien, indican, se recupera el IPC como indicador para la revalorización de las pensiones, no se estipula la pensión mínima en el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea. «Una reivindicación que la CIG lleva años haciendo y que permitiría elevar las prestaciones mínimas a los 1.150 euros al mes», recuerdan.
MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL
Critican que tampoco se recupera el derecho a la jubilación a tiempo parcial y «continúa penalizándose» la jubilación anticipada. «También se pone en valor la retirada del factor de sostenibilidad introducido por el PP en 2013, pero que es sustituido por el llamado ‘mecanismo de equidad intergeneracional’, «que supondrá nuevas penalizaciones a la clase trabajadora».
Advierten que a la «lesividad» de la reforma se le suman los anuncios de nuevas medidas para 2022, como ampliar el periodo de cálculo de las pensiones de los 25 años actuales a los 35 o aumentar la edad de jubilación.
Rechazan además desde el colectivo que se fomenten los planes privados de pensiones de empleo sostenidos en la negociación colectiva «porque privatizan parte de las pensiones atendiendo a las peticiones de la banca y de las corporaciones financieras, aumentando la brecha entre trabajadores precarios y no precarios».
En esta línea, los pensionistas de la CIG han cuestionado el llamado ‘diálogo social’, que consideran «una herramienta del capital contraria a los intereses de la clase trabajadora y de la defensa del sistema público de pensiones». «Es un ejercicio de corrupción institucional del Estado el negociar a escondidas el futuro del sistema público de pensiones, fuera de los ámbitos de representación institucional».
