El informe ‘Radiografía de la trata en Andalucía y Galicia’ señala la necesidad de identificar los distintos fines con los que se producen estos delitos para combatirlos y ha urgido la aprobación de una ley que permita a la Fiscalía «trabajar de forma efectiva».
En concreto, este estudio anual ha sido elaborado por la ONG Accem en el marco del proyecto Novicom, que apoya el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Durante la presentación de resultados, realizada este miércoles en Vigo, el técnico de Novicom Hafdallah Menni ha advertido de que en España la lucha contra la trata «se centra casi en exclusiva en aquella con fines de explotación sexual».
Por ello, ha explicado que el informe de este año busca poner el foco en la existencia de trata con otros fines, como explotación laboral, matrimonio forzoso, criminalidad o tráfico de órganos. Además, ha resaltado la importancia de concienciar sobre la afectación de estos delitos a distintos tipos de víctimas, como hombres, ancianos o niños, además de mujeres.
Menni ha detallado que Andalucía cuenta con una estrategia para inmigración centrada en la explotación sexual de niñas y mujeres para el periodo 2021-2025, mientras Galicia trabaja en la redacción del primer plan gallego sobre trata sexual. Así, ha confiado en que este último documento conlleve «un abordaje real» y «tenga en cuenta otras formas de trata» y la existencia de distintos perfiles de víctimas.
En este sentido, ha afirmado que «la esclavitud laboral existe» aunque «no se ve» y ha destacado la proliferación de viviendas en las que se explota sexualmente a mujeres.
SITUACIÓN EN ANDALUCÍA
En cuanto a la situación en Andalucía, ha indicado que por sus características geográficas supone el lugar de entrada a España de la mayor parte de los inmigrantes en situación irregular. Así, ha precisado que el perfil principal es el de un hombre, aunque han aumentado las mujeres víctimas de trata con fines de explotación laboral y sexual.
A este respecto, ha concretado que Huelva, Almería y Jaén representan las principales zonas de la comunidad en las que se observa este tipo de trata debido a su contexto agrícola. Aunque ha apuntado que la trata con fines de explotación, en la que las principales víctimas son las mujeres, es la más visibilizada, ha resaltado que ha aumentado la percepción de la realizada con fines de explotación laboral, en especial en el sector agrario.
INMIGRACIÓN EN GALICIA
Asimismo, Menni ha indicado que las personas inmigrantes que acceden a Galicia lo hacen tras haber entrado en la península mediante otras comunidades o Portugal, lo que ha achacado a su situación geográfica.
Además, ha lamentado que el tratamiento de la trata en la comunidad y la protección de las víctimas sea «reduccionista y simplista», ya que «no tiene en cuenta las diferentes tipologías de trata y las posibles víctimas».
También ha considerado que «los recursos disponibles no son suficientes» para combatir este tipo de delitos y ha requerido una mayor implicación de las administraciones para dar una «respuesta integral y duradera» que ofrezca «una efectiva protección» a las víctimas.
De acuerdo con datos obtenidos de un estudio realizado entre 2016 y 2020, los principales casos de trata identificados en Galicia y Andalucía se vinculan con delitos con fines de explotación sexual y, en la segunda comunidad, también laboral. En todo caso, el técnico ha alertado de la posibilidad de que existan otras tipologías que no puedan ser identificadas al contarse con una mayor experiencia en aquellas cuyos fines se vinculan con la explotación sexual.
PROPUESTAS
Ante esta situación, Menni ha urgido la aprobación de una ley que permita que el sector jurídico pueda trabajar «de forma efectiva» y ha apostado por promover la colaboración de la Fiscalía, agentes, sindicatos, ONG y la Inspección de Trabajo para llevar a cabo actuaciones coordinadas contra la trata.
Además, ha abogado por impulsar la capacitación de los actores principales y la formación de personal no especializado y ha llamado a considerar la reforma del código penal para incluir delitos autónomos del trabajo forzoso. También ha planteado permitir que entidades expertas puedan llevar a cabo el proceso de identificación de víctimas, en lugar de limitarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
