El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, continúa con su ronda de contactos con representantes de la comunidad escolar para abordar los pasos a seguir tras la decisión del Ministerio dirigido por Pilar Alegría de eliminar las pruebas extraordinarias de ESO ya este mismo curso. El objetivo del Gobierno gallego es elaborar una orden con unos criterios comunes que garantice la seguridad jurídica del proceso y evite dejar la situación al libre albedrío.

Tras el encuentro de este lunes con la junta autonómica de directores, la reunión de este martes ha sido junto a sindicatos y confederaciones de ANPA que, a pesar de compartir la preocupación y las críticas por adoptar una decisión de este calado con el curso empezado, instan a la Xunta a actuar y a reforzar el apoyo al alumnado y a los centros para garantizar la adquisición de competencias y su preparación para el futuro.

Rodríguez se encuentra recopilando aportaciones de cara a contar con una postura común para la sectorial de Educación de este mismo jueves. En este sentido, ha trasladado que existe «una coincidencia prácticamente plena» en que es necesario diseñar unas instrucciones para favorecer «criterios homogéneos y estables» y «dar seguridad» a los centros, a los docentes y a las juntas de evaluación.

Todo ello sin generar desigualdad entre el alumnado, ha insistido, para lo que ha instado a trabajar en la organización educativa y docente de aquí a final de curso. El titular de Educación ha arremetido de nuevo contra la improvisación del departamento de Pilar Alegría y el «gran caos» que está generando estas decisiones, ya que afectan a «aspectos vertebrales» del sistema y «contra la cultura del esfuerzo».

«Si no tenemos criterios claros de evaluación y promoción dejamos indefensos a los profesores y sobre todo a los alumnos», ha advertido, dado que «lo que para una junta de evaluación puede ser positivo para otra no».

DOTACIÓN DE MEDIOS

Por su parte, representantes sindicales y confederaciones de ANPAs comparten las críticas a la improvisación y a la marcha atrás del Ministerio a estas alturas del curso, pero recuerdan que se trata de cuestiones que ya venían recogidas en la propia Ley y en el Real Decreto de Evaluación.

La CIG no se opone a la eliminación de las pruebas extraordinarias de junio para «primar la evaluación continua y las competencias adquiridas», pero advierten que esta supresión «no implica ninguna solución» sin un análisis riguroso y acciones para garantizar la correcta atención de las necesidades del alumnado.

En concreto, reducción de ratio, cambios horarios, mejoras de los planes de refuerzo o la reorientación de los currículos. Del mismo modo, consideran «fuera de lugar» que se hable de «aprobado general», y reclaman «coherencia» a la Xunta en sus críticas.

En esta línea, Julio Díaz, de ANPE, ha advertido de que «no hay postura consensuada» porque no se abordó ninguna propuesta concreta por parte de la Xunta, y ha reprochado que se utilice a las organizaciones «para arremeter constantemente» al Ministerio cuando la Consellería también «está funcionando fatal».

El sindicalista ha reclamado la convocatoria de una mesa sectorial para abordar esta situación y ha apostado «por una solución común» en la cuestión de la promoción, con criterios comunes para todos los centros educativos.

«PROFESORADO DE APOYO»

Fernando Lacaci, de Anpas Galegas, ha considerado que «se está poniendo el foco sobre el dedo y no la luna» en esta materia, dado que «lo importante» es conseguir que los alumnos lleguen a junio con las competencias alcanzadas en función de su realidad». «Y eso tiene un nombre, es profesorado de apoyo», ha añadido.

En este sentido, ha recordado que el propio texto de la normativa especifica que cuando se detecte un déficit de capacidad «hay que poner los refuerzos correspondientes», y ha lamentado recibir «el silencio por respuesta» por parte de la Consellería cuando se trata del fondo de la cuestión.

Rogelio Carballo, de Confapa, ha insistido en que se tendría que estar hablando de contenidos y competencias en lugar de la modalidad de evaluación, aunque tachó de «inadmisible» el cambio de rumbo del Gobierno central.

«Creemos que debe ser obligatorio el refuerzo a todos los centros», ha defendido, además de poner un criterio común «compartido y fácilmente entendible» para todos lo centros educativos.

MENSAJE DE «TRANQUILIDAD»

Por otro lado, este mismo martes se celebró una nueva reunión del comité educativo que asesora a la Xunta durante la pandemia, donde se analizó la evolución de este curso y el repunte de casos covid.

En este sentido, Educación trasladó que la evolución va «de forma pareja a la que se está produciendo en el conjunto de la sociedad» y trasmitió un «mensaje de tranquilidad» ante el buen cumplimiento de los protocolos en los centros.