El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, ha calificado de «inasumibles» los casos de violencia contra la mujer, con 17 nuevos procedimientos penales cada día en los juzgados gallegos, y ha instado a adoptar decisiones ante el nivel de quebrantamiento de las medidas cautelares adoptadas en el caso de los autores de este delito.

«Es relativamente alto y hay una tendencia a la reiteración», ha indicado en su comparecencia en la Comisión 1ª Institucional de Administración Xeral, Xustiza e Interior del Parlamento gallego. En ella, ha cifrado en 6.000 las denuncias por este tipo de violencia presentadas el año pasado, con tres mujeres fallecidas, y ha apelado a la coordinación y la cooperación.

«No basta con la adopción de medidas de protección», ha reconocido Suanzes, que, junto a esta cuestión, ha alertado del aumento en «más de un 80%» de las agresiones sexuales sin acceso carnal a menores. En alusión a la memoria de la fiscalía correspondiente al año pasado, ha considerado «preocupantes» los datos sobre delitos contra la libertad sexual, pese al descenso en un 34% en 2020 de los inocados.

En su exposición, ha remarcado también que los delitos contra la integridad física son los que suponen el mayor número de ingresos en los juzgados. Junto a esta cuestión, ha aludido a los vinculados con la seguridad vial, pero especialmente a los relacionados con la siniestralidad laboral, a pesar del descenso en un 21% contabilizado el pasado ejercicio. «Es esencial el apoyo a las víctimas», ha dicho.

OCUPACIONES DE VIVIENDAS

Por el contrario, ha manifestado, en respuesta a la diputada del PSdeG Paloma Castro sobre esta cuestión, que «estadísticamente no parece» preocupante la cifra de ocupación de viviendas en Galicia, al margen de la percepción social sobre esta cuestión.

En este sentido, ha subrayado que desde la Fiscalía se plantean propuestas como endurecer las penas para los casos de ocupaciones vinculadas con «organizaciones que se lucran» o atenuarlas en el de personas vulnerables. También ha abogado por la coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado.

REFORMAS PENALES

Desde los grupos políticos, la diputada del PPdeG Paula Prado, al hilo de algunas de las cuestiones expuestas por el fiscal superior de Galicia, instó al Gobierno central a acometer «reformas penales urgentes». Sobre la ocupación de viviendas, incidió en que «genera muchos problemas» y calificó de «urgente» reformar la legislación «para garantizar la propiedad».

A su vez, el diputado del BNG Iago Tabarés alertó de la «carencia de medios personales y materiales» en las fiscalías y de las consecuencias que esto pueda tener en actuaciones como la gestión de los centros de mayores. Así, apuntó a casos en los que los propios servicios de inspección de la Xunta confirmaron «más residentes que plazas autorizadas o mayores con medidas de sujeción sin existir prescripción médica o consentimiento».

El fiscal superior de Galicia sostuvo que si la Xunta detecta «algo constitutivo de delito lo tienen que comunicar». «Si son deficiencias lo resuelven internamente», ha respondido a esta cuestión.

Mientras, en su exposición, la diputada socialista Paloma Castro apeló a la necesidad de incrementar las penas por quebrantamiento de las órdenes de alejamiento de una víctima de violencia de género y por más medidas de control, además de reclamar a la Xunta campañas de concienciación en materia de seguridad vial.