Trabajadoras de residencias de mayores han vuelto a concentrarse, esta vez en Vigo, para seguir denunciando sus condicinoes laborales, la falta de personal en los centros geriátricos, y para reclamar nuevamente la negociación y firma de un nuevo convenio colectivo gallego, teniendo en cuenta que el anterior caducó a finales de 2019.

La secretaria de la asociación Trega (Traballadoras de Residencias de Galicia), Maribel Barreiro, ha lamentado que este sector lleva dos años sin actualizar su marco de relaciones laborales, en condiciones salariales precarias, y con sobrecarga de trabajo por escasez de personal.

En ese sentido, ha advertido de que algunas de las empleadas ni siquiera llegan al salario mínimo, y ha lamentado que esas malas condiciones no solo generan «secuelas físicas y psicológicas» en el personal, sino que se traducen en una peor asistencia a los usuarios de los centros.

Maribel Barreiro ha proclamado que no solo deben mejorarse las condiciones salariales, sino dotar de más recursos humanos y técnicos a los centros, y ha advertido de que la Xunta «debe ponerse las pilas» porque, al fin y al cabo, es la administración que fija los ratios de personal y las condiciones de prestación del servicio. Asimismo, ha reclamado a la Inspección de Trabajo que actúe «como tiene que ser», e imponga sanciones donde sean necesarias.

Por otra parte, ha advertido de que se incorpora a personal sin la formación adecuada, y ha concluido que «no se puede dar un buen servicio» cuando hay enfermeras que por cada hora nocturna de trabajo apenas cobran 2 euros. «Nuestros mayores son ciudadanos de primera y no de tercera, y tienen derechos», ha subrayado.

NEGOCIACIÓN PARALIZADA

Mientras, la presidenta de Trega, Sonia Jalda, ha criticado la posición de la patronal, que no acepta negociar el convenio y que está mediatizada por los intereses de los grandes grupos, como DomusVi.

«Después de la pandemia la situación ha empeorado, hay despidos y no se renuevan contratos, y ni siquiera podemos hacer huelga porque no se podrían cubrir los servicios mínimos», ha denunciado, al tiempo que ha recordado que, en los últimos dos años, solo se han celebrado tres reuniones para renovar un convenio que ya fue denunciado en noviembre de 2019.