Jubilados y pensionistas gallegos, convocados por la Confederación Intersindical Galega (CIG), se han concentrado este jueves en diferentes puntos de la Comunidad –en Vigo será a partir de las 18,30 horas– para «rechazar la reforma de las pensiones que se tramita en el Congreso de los Diputados», ya que «no sólo no garantiza unas pensiones dignas, sino que mismo consolida los recortes introducidos con la de 2011».

Durante estas movilizaciones además, ha indicado la CIG en un comunicado, los manifestantes han mostrado su descontento respecto a las últimas propuestas del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

El sindicato considera que no derogar la reforma de las pensiones de 2011 supone «mantener» la pérdida de un 25% en los subsidios por la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años y el aumento del período de cálculo a los 25 años.

Así mismo, tachan de «simple propaganda» la supresión del factor de sostenibilidad, cuando realmente será sustituido por el «mecanismo de equidad intergeneracional, que supondrá nuevas penalizaciones a la clase trabajadora sin garantizar una subida de las cuantías de las pensiones».

«Esta nueva reforma tampoco garantiza el poder adquisitivo de las prestaciones porque las pensiones mínimas no llegan al 60% del salario medio del Estado, de acuerdo a la Carta Social Europea, que sería en este momento de 1.150 € al mes», critica el sindicato.

Otro de los temas censurados por la CIG es la no recuperación de la jubilación parcial, así como la continua penalización de la anticipada, «retrasando la edad de jubilación y fomentando el aumento de la vida laboral, lo que dificultará aún más el acceso al mundo laboral de la juventud, que se verá abocada a la emigración y al paro».

«El gobierno está condenando a muchas personas trabajadoras a prolongar su vida laboral en actividades penosas y de gran esfuerzo físico, mientras reducen la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes durante las incapacidades temporales de las personas mayores de 62 años, subvencionando las empresas a cargo de la caja de la Seguridad Social», recalcan.

AUMENTO DE LAS COTIZACIONES

En este sentido, han criticado la última medida anunciada por el ministro Escrivá, según la que se aumentaría en un 0,5% las cotizaciones desde el año 2023 y por un período de 10 años. Entienden que en lugar de «penalizar aun más» a la clase trabajadora durante una década, deberían aumentar los salarios y «finalizar con la precariedad en el mercado».

La CIG entiende que la actual reducción de ingresos es «consecuencia directa» de la reforma aplicada en 2011, «ya que el ingreso medio por afiliada/el era de 5.500 euros y ahora es de 5.377, lo que supone una reducción del 2,3%».

Rechazan además que se «fomenten» los planes privados de pensiones de empleo porque «privatizan parte de las pensiones atendiendo las peticiones de la banca y de las corporaciones financieras»; así como el «diálogo social», que consideran «una herramienta del capital contraria a los intereses de la clase trabajadora y de la defensa del sistema público de pensiones».

«Es un ejercicio de la corrupción institucional del estado español al negociarse a escondidas el futuro del sistema público de pensiones fuera de los ámbitos de representación institucional», aseguran.

PROPUESTAS DE LA CIG

Ante esta situación, el sindicato pide la derogación completa de las reformas laborales y de las contrarreformas de las pensiones, concretamente las de 2011 y 2013; la supresión del factor de sostenibilidad o de cualquier otro que lo sustituya; la fijación por ley de la pensión mínima igual al SMI (1.150 €, que es el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea) y la revalorización por ley, para que anualmente se actualicen las pensiones de acuerdo al IPC.

Demandan además recuperar la jubilación a los 65 años, y voluntaria a partir de tener 35 años cotizados, reales o por aplicación de los coeficientes reductores, además de que se establezca el cálculo de la base reguladora según la base de cotización, de un período de 10 años elegido por la persona beneficiaria entre su carrera de cotización.

Exigen, por último, que se eliminen los topes máximos de cotización; que se restablezca el derecho a jubilación parcial a los 61 años como existía antes de la reforma; la transferencia a la Administración Gallega de la competencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social prevista en el Estatuto de Autonomía; la eliminación de las desgravaciones fiscales de los planes privados de pensiones; el reconocimiento por ley de coeficientes reductores de la edad de jubilación en las profesiones de mayor penosidad y peligrosidad y el fin de las bonificaciones y descuentos para el empresariado en las cotizaciones.