La presidenta del Consello da Cultura Galega (CCG), Rosario Álvarez, ha detallado que la institución contará el próximo año con un presupuesto que asciende a algo más de 2,78 millones de euros. Unas cuentas que «no están a la altura», ha señalado, dado que representan un incremento de poco más de 59.400 euros respecto al pasado ejercicio y que se limita a cubrir gastos indispensables y subidas retributivas.

Álvarez ha insistido en que la institución está «lejos» de alcanzar las cuotas del año 2008, cuando la dotación superaba los 3,25 millones de euros, y ha asegurado que intentarán «llegar al máximo» con las posibilidades económicas de las que disponen.

«Pero sabiendo todos que dejaremos de hacer muchas cosas que deberíamos estar haciendo, porque no tenemos más presupuesto», ha insistido, y destacando que la institución invertiría en ampliar el cuadro de personal y en «externalizar» y realizar encargos que contribuirían a sostener el ecosistema cultural gallego.

Así lo ha trasladado durante su comparecencia en comisión parlamentaria para informar de las cuentas del próximo año de esta institución, en la que también hizo balance del trabajo desarrollado este ejercicio y avanzó las líneas previstas para 2022.

Entre las acciones planteadas ha destacado el nuevo programa de acción exterior, que busca actuar en la internacionalización de la cultura gallega y que se cuenta con más de un centenar de acciones programadas, que se basarán en la Galicia diseminada, la Atlántica, los países de lengua portuguesa, la relación Galicia-Europa o la diplomacia cultural.

Asimismo, los cuatro ejes temáticos principales que regirán la actividad se enfocarán en ‘A forxa da autonomía’ desde la Galicia tardofranquista a la preautonómica; la cultura marítima; la igualdad y la inclusión, con el acento en el rural y el territorio; y el papel de los medios de comunicación.

En el presente año, según el balance de acción del CCG; se programaron 87 actividades (27 más que en 2019), el 78 por ciento de forma presencial y el 24 por ciento fuera de la sede institucional.

Entre las acciones ha destacado la exposición ‘Afonso X e Galicia’ y otras seis muestras itinerantes, la edición de 17 publicaciones o la emisión de 47 informes, como los documentos de impacto de la covid en el sector realizada por el Observatorio da Cultura y uno 28 de impacto ambiental.

«ABSOLUTO NINGUNEO»

Los tres grupos políticos del arco parlamentario ha destacado el papel desarrollado por el Consello da Cultura Galega. Sin embargo, el PSdeG y el BNG han reprochado especialmente el «ninguneo» de la Xunta a esta institución, tanto a nivel de dotación presupuestaria como de su función asesora.

La diputada socialista Noa Díaz denunció el «absoluto ninguneo» al que se somete al CCG que ha definido más «como un castigo», dado que los gastos corrientes tienen presupuestado «la mitad o menos que hace 12 años» y todos los capítulos y conceptos están «revisados a la baja».

«Los recursos humanos deben ser incrementados para dar respuesta a las necesidades y demandas del mundo de la cultura», ha considerado, para lamentar el «poco respeto» del Gobierno gallego a su actividad y «a pesar de la rigurosidad» y «carácter propositivo» de sus informes.

Al respecto, Mercedes Queixas (BNG) insistió en que las cuentas «no están en absoluto a la altura» de una institución que se sitúa como «el tercer pilar» en el que se sustenta la comunidad autónoma, «como viene indicado en el Estatuto.

Así, ha censurado que su función asesora «está siendo muy infravalorada por el Gobierno del PP», a pesar de tratarse de una entidad «de alto asesoramiento» y que demuestra una acción multidisciplinar y diversificadora «en todos los ámbitos».

PAPEL «CLAVE»

Al respecto, Ovidio Rodeiro (PP) ha destacado el papel «clave» del CCG tanto como órgano asesor en materia cultural como «defendiendo la cultura y el idioma gallego», una «institución ejemplar» y «un referente» que cuenta con independencia y competencias propias.

En este sentido, ha defendido la subida del 2,1 por ciento de las cuentas, y ha censurado las opiniones de la oposición de que «se aplica castigo y asfixia» a la institución.

Al respecto, Rosario Álvarez ha reconocido que a veces están «sorprendidos» de la reacción de sus informes y que se ciñan a «una opinión. «No es una opinión si tengo en un lado los hechos y en otro la ley», ha matizado, para lamentar que «a veces no se adopta la postura institucional adecuada» ni se produce el debate necesario para acercar posturas.