La Secretaría de Estado de Transportes ha manifestado que acata el fallo del Tribunal Supremo que ha dado de nuevo la razón a Audasa, después de declarar en una sentencia previa que el Gobierno central debía abonar a la concesionaria los casi 14 millones que dejó de cobrar desde 2017.
Este dinero lo dejó de percibir al haber decidido el Ejecutivo de Mariano Rajoy bajar a la mitad la compensación por la supresión de los peajes de Rande y A Barcala, en la AP-9.
«Como no puede ser de otra manera», han dicho sobre la decisión del Supremo, pero precisando que esto no supone «renunciar a la reclamación que tenemos con la Xunta», han añadido en alusión al procedimiento contencioso-administrativo para exigir a la Administración gallega que pague 25,44 millones de euros a Audasa a cuenta de los peajes de Rande y A Barcala.
Este pronunciamiento lo han hecho público coincidiendo con la visita que la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera hizo este viernes a la comunidad autónoma gallega, donde expuso también el posicionamiento estatal a este respecto.