La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) analizará la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana conocido como plusvalía, para evaluar su alcance y decidir acciones en defensa de los intereses de las entidades locales gallegas con respecto a su financiación.

La anulación del artículo 107 del texto refundido en 2004 de la Ley que regula las Haciendas Locales por el alto tribunal al considerar inconstitucional el método de cálculo del dicho tributo afecta aproximadamente a uno de cada tres ayuntamientos gallegos.

El anuncio genera preocupación respecto a una fuente de ingresos que, según la Fegamp, en 2019 supuso 47.788.000 euros para las arcas locales gallegas (1,88% de la financiación local autonómica) y coincide con la preparación por parte de los gobiernos municipales de los presupuestos para el año 2022.

Si bien el Ministerio de Hacienda anunció que revisará el impuesto para dotarlo de seguridad jurídica a contribuyentes y entidades locales, el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, también alcalde de Vilagarcía de Arousa, ha vuelto a reclamar a las Administraciones autonómica y estatal un mecanismo de financiación «idóneo, equitativo y estable».

«Insistimos en la necesidad y ya lo dijimos en muchísimas ocasiones de abordar esa reforma del sistema de financiación. Así me lo trasladan alcaldes y alcaldesas, hay preocupación porque es un palo importante para las arcas municipales, en Galicia supone unos 47 millones de euros y desde luego es un impacto importante», ha esgrimido.

IMPACTO EN LAS CIUDADES

A lo largo de esta jornada se han ido pronunciando varios dirigentes en relación a la sentencia que trascendió en la pasada jornada. En el caso de Vigo, el alcalde, quien además preside la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Cabello, se ha pronunciado en la misma línea que Varela. En la ciudad olívica el impacto de la decisión ronda los 10 millones anuales.

El Ayuntamiento de Ourense, por su parte, calcula que supondría un descenso de 7 millones en los ingresos de sus arcas municipales. En otras ciudades, como por ejemplo el caso de Lugo, los técnicos evalúan la sentencia y prefieren mantenerse prudentes sin concretar por el momento el perjuicio económico que prevén.

Aunque todos subrayan que se trata de una referencia, porque es un tributo que varía año a año, en el caso de Pontevedra tiene registrado en el presupuesto de 2021 1,7 millones previstos por la recaudación del mismo. La previsión de las cuentas ferrolanas para este año es de una cifra similar, 1,8 millones.

Mientras, en Santiago de Compostela, fuentes municipales indican que los derechos reconocidos netos en el año 2019 fueron de 3,1 millones de euros; y en el caso de A Coruña, el Ayuntamiento ingresa por el tributo ligado a la plusvalía unos 8 millones de euros.