El intento del BNG de acordar una resolución en el Parlamento para reprobar «a los gobiernos que aprobaron las prórrogas de la AP-9» ha resultado frustrado por el voto en contra del PP. Por su parte, el PSOE, que recalcó que el pronunciamiento de la Comisión Europea se refiere a la época de Aznar, se ha abstenido en la votación.
Ha sido en el pleno de la Cámara donde el Bloque defendió una iniciativa para acordar «como resolución reprobar a los gobiernos que aprobaron las prórrogas de la AP9 que la Comisión Europea considera ilegales, y exigir las responsabilidades que hubiera lugar por parte de la administración general del Estado».
Además, buscaba que el Pazo do Hórreo instase a la Xunta «a demandar del gobierno del Estado que estudie las vías para la anulación de las prórrogas concedidas de manera ilegal, así como los mecanismos para la devolución de los peajes cobrados ilegalmente».
En su exposición, el diputado del Bloque Xosé Luis Bará ha criticado que los «responsables» de la prórroga «no fueron multados» sino «premiados», uno de ellos con una Medalla de Galicia, ha dicho, y otro con un sillón en un consejo de administración. «Es una burla que no vamos a consentir, que se premie a quien maltrate a nuestro país», ha advertido.
«El expediente dice que el Gobierno central vulneró la ley y que hay que devolver la legalidad. Y eso no pasa por otra cosa que por anular la ampliación de la concesión», ha aseverado el nacionalista.
«MEZCOLANZA»
Por su parte, la socialista Patricia Otero ha sido crítica con el Bloque por hacer una «mezcolanza» con «todas las prórrogas de la concesión».
En lo tocante al actual Gobierno central, ha defendido «que está colaborando con Bruselas para aclarar qué pasó con esa prórroga, tomada por otro gobierno, uno del PP, hace más de 20 años» y ha subrayado que «lo que se cuestiona es la última prórroga concedida, no las anteriores», si bien ha entendido que los nacionalistas «quieran sacar tajada» del pronunciamiento europeo.
Asimismo, ha censurado a los populares por ser quienes decidieron «poner en manos privadas una infraestructura pública» y ha matizado que con lo que dice Europa «se abre la puerta a que sea declarado ilegal», pero ha llamado a «no crear falsas expectativas con la posibilidad de recuperar todo el dinero de los peajes». «De momento es pronto para saber las consecuencias», ha interpretado.
Por último, ha contrapuesto al Ejecutivo del PP «que prorroga y privatiza» con el actual de Pedro Sánchez, «en el que todos los usuarios, no solo unos pocos, disfrutan de una rebaja histórica en los peajes de la AP-9». Bonificaciones, ha añadido, «fruto de los presupuestos generales del estado aprobados en 2021, que tanto el BNG como el PP votaron en contra».
«DOS MESES PARA ALEGACIONES»
En su turno, el popular Diego Calvo ha precisado que la comunicación de la UE «no es firme» y que «hay dos meses para presentar alegaciones», por lo que se está «a la espera de lo que se pueda presentar por parte de España».
Ha añadido, en este sentido, que «la UE dice que no se da suficiente concurrencia, nada más y nada menos» y ha recordado que hubo tres ampliaciones: además de la del Partido Popular, una con UCD y otra con el PSOE. La de tiempos de Aznar la ha vinculado con que «la autopista a una parte de Galicia no llegaba», por Ferrol.
«Una vez más» Calvo ha visto al Bloque «oportunista» y le ha brindado «la oportunidad de incluir» en el texto de la iniciativa «reprobar también al gobierno del bipartito». A mayores, les ha dicho que «pueden pedirle a sus socios –por el PSOE en Madrid– que retiren las enmiendas a la transferencia de la AP9 en el Congreso».
INFORME DE COMPETENCIA
Precisamente este martes la Consellería de Infraestruturas ha desvelado un informe de la Comisión Galega da Competencia que advierte de que las compensaciones a la concesionaria de la AP-9 (Audasa) por las obras de ampliación de la autopista en los acceso a Vigo y Santiago de Compostela (Real Decreto 1733/2011, del 18 de noviembre –firmado por el entonces ministro socialista José Blanco) son «excesivas» y pueden se consideradas «ayudas de estado».
También señala este documento que «las sucesivas prórrogas de los plazos de la concesión de la autopista AP-9 en Galicia no puede ser bien valorada desde el punto de la competencia».
