La Xunta iniciará a finales de este año un «amplio estudio» sobre la experiencia de fusiones de Oza-Cesuras, en la provincia de A Coruña, y Cerdedo-Cotobade, en la de Pontevedra, y sus resultados de cara a «aprender» de la experiencia «y efectuar propuestas concretas en los ámbitos legislativo y económico con el fin de incentivar nuevas fusiones municipales».

«De manera informal, algunos alcaldes se han interesado por estos procesos, por conocer las ventajas, de ahí la importancia de este estudio», apunta a Europa Press la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto. Por su parte, desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) indican que no han recibido «ninguna consulta ni manifestación de interés en esta línea».

Del estudio proyectado por la Xunta, la directora xeral de Administración Local argumenta que «a día de hoy existen pocos, de cierto rigor, que analicen en profundidad, desde una perspectiva socio-económica y demográfica, los procesos de fusión que ha habido en Galicia».

Del mismo, avanza que, entre sus fines, estará analizar la repercusión de las fusiones sobre la calidad de los servicios prestados a los vecinos y sobre los presupuestos municipales. «También sobre cuál sería el intervalo poblacional a partir del cual ya se puede hablar de una mejora sustancial de todos los parámetros a la hora de prestar los servicios públicos básicos».

PRIMERAS FUSIONES

«Dimensionando adecuadamente el tamaño de los ayuntamientos, mediante procesos de fusión voluntaria, pueden ponerse al servicio de la ciudadanía instituciones más eficaces y eficientes», defienden desde la Administración gallega, que entre 2016 y 2021 destinó a los ayuntamientos de Oza-Cesuras y Cerdedo-Cotobade 10,5 millones del fondo adicional incluido en el de Cooperación Local.

La primera, la de Oza-Cesuras, fue en 2013 y no había en España una desde 1981. Después le siguió, en 2016, la de Cerdedo-Cotobade. De cara a 2022, la Xunta prevé destinar la cantidad de 1,5 millones de euros para el fondo de fusiones.

Sobre esta cuestión, desde la Administración gallega se insiste en que su política pasa por la promoción y fomento de la cooperación municipal, ya sea con la fusión de municipios u otras fórmulas de gestión compartida.

REDUCIR LA DESPOBLACIÓN

La directora xeral de Administración Local admite que «los procesos de fusión voluntaria y gestión compartida de los servicios públicos no son la solución definitiva a la crisis demográfica» de la Galicia rural, pero apostilla que «no hay duda de que son pasos importantes en la dirección correcta para encontrar formas de solucionar un problema tan complejo como el del envejecimiento y la despoblación».

«Porque parte del problema de la despoblación en las zonas rurales está relacionado con la búsqueda de más y mejores servicios públicos». Por ello, añade que trabajarán para fomentar «fórmulas asociativas municipales» para la prestación de los servicios.

POSTURA DE LA FEGAMP

Por su parte, el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, se remite a lo acordado en la asamblea general de esta entidad sobre las fusiones. «El rechazo en caso de que sea de manera obligada ya que una medida de este tipo es incompatible con el principio de autonomía local».

Con todo, subraya que eso no implica que no pueda acordarse voluntariamente, «siempre precedido de un análisis serio y complejo que deje bien clara la fórmula de cooperación, respondiendo a cuestiones como competencias y servicios, financiación y coordinación y que garantice el éxito a largo plazo».

Sin entrar a valorar si fueron efectivas las fusiones de Oza-Cesuras y Cerdedo-Cotobade, incide en que no recibieron ninguna petición sobre más fusiones. No obstante, afirma que si hubiese cambios a este respecto, «la Fegamp hará lo que sea lo mejor para la ciudadanía».

«Pero en ese caso sería imprescindible una ley de cooperación local de Galicia», apunta. Mientras, apela a las fórmulas de colaboración para prestar servicios, «pero no solo entre entidades locales, sino también con las restantes administraciones y, en eso, queda mucho por trabajar conjuntamente».

En lo que se refiere al Fondo de Coperación Local, en el que el importe recibido por los ayuntamientos puede destinarse a lo que consideren sin tener que justificar los gastos, asciende en 2022 a casi 126 millones de euros, un 3,3% más que en 2021.