La asociación de consumidores En Colectivo ha demandado al Gobierno central que anule la concesión de la AP-9 a Audasa tras la carta de emplazamiento remitida por la Comisión Europea, que decidió abrir un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa comunitaria al autorizarse la última prórroga sin una licitación pública.

En un comunicado, la plataforma a vuelto a solicitar al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que «asuma las consecuencias de las ilegalidades cometidas» y «anule la concesión», cuya vigencia se extiende hasta 2048. En concreto, pide que, en la respuesta que debe dar a la carta de emplazamiento remitida por Bruselas, «se reconozca la nulidad de la concesión actual y se inicien los trámites oportunos para que la AP-9 se convierta en una autopista gratuita».

Así, busca que «los costes de los errores que se produjeron no tengan que ser asumidos y sufragados por todos los gallegos», que «llevan pagando unos peajes que no les corresponden desde el año 2013». Precisamente, el presidente de En Colectivo, Diego Maraña, ha solicitado reuniones con representantes de la Xunta y el Gobierno para informar a este último sobre la denuncia presentada y poder conocer su posicionamiento respecto a este tema.

Paralelamente, la asociación de consumidores recoge firmas mediante su página web «para demostrarle al Gobierno que todos los gallegos están unidos en este tema» y «creen que es injusto el trato que se les está dando». Por el momento, la campaña, que permanecerá abierta hasta el próximo 23 de noviembre, ha recabado 3.000 rúbricas, aunque se aspira a que alcance las 500.000.

APERTURA DE EXPEDIENTE

En concreto, el pasado mes, la Comisión Europea anunció la apertura de expediente a España por la extensión de la concesión de la autopista de pago AP-9 sin lanzar una licitación pública, lo que consideró que no se realizó de acuerdo a la legislación comunitaria.

Por ello, Bruselas envió una carta de emplazamiento, el primer paso en los procedimientos comunitarios de infracción, a las autoridades españolas para garantizar la correcta aplicación de la regulación europea en la concesión de contratos, al considerar que España no cumplió con sus obligaciones en esta materia.