Stop Eólicos ha alertado de la situación de «emergencia social» ante la «invasión eólica» a la que «la Xunta de Galicia y el Gobierno central» están sometiendo al rural gallego.
Este miércoles en rueda de prensa, dos representantes de la Rede Galega Stop Eólicos (RGSE), Margarita Prieto Ledo y Bruno Centelles, han lamentado que «amparándose» en la estrategia de transición energética y en la carrera por hacerse con los fondos europeos de recuperación, las solicitudes en tramitación de aerogeneradores y líneas de alta tensión «acribillan» las aldeas gallegas.
Haciéndose eco de los datos publicados por el Observatorio Eólico de Galicia (OEGA), en 2019 se habían instalado en la Comunidad 4.026 aerogeneradores y una potencia de 3.900 mw. Actualmente, hay alrededor de 275 solicitudes de nuevos parques ente Xunta y Estado, con una proyección de más de 7.500 mw, «casi el doble de los instalados en la actualidad».
«El rural está viviendo una auténtica pesadilla. No hay rincón de Galicia en el que no se haya proyectado un parque eólico», ha lamentado Margarita Prieto, que ha subrayado además que estos «proyectos sobredimensionados» atañen una reducción de los precios de las propiedades, daños en los bosques y en los recursos naturales, así como riesgos para la salud.
«Están transformando el rural totalmente, convirtiéndolo en un gran polígono industrial. Y esto atenta contra los derechos humanos más básicos», ha afirmado Prieto, que ha advertido de las consecuencias en cuanto a despoblación rural.
Los comparecientes han apuntado que «no se trata de energías renovables, al contrario», puesto que se necesitan «ingentes cantidades de minerales que también van a salir de territorio gallego».
LA MORATORIA, «UNA ESTRATEGIA»
Por otra parte, la plataforma ha afeado la «estrategia» de la Xunta de Galicia que, «justo este miércoles» ha anunciado una moratoria para la admisión de nuevos proyectos de parques eólicos desde enero de 2022 a julio de 2023.
«No nos vale de nada. Es un insulto a la ciudadanía el hecho de que la Xunta de Galicia pretenda presentar esta acción como una forma de frenar la ‘locura administrativa’ de la ‘explosión de proyectos’ cuando precisamente la Administración gallega destaca por haber elaborado un corpus legislativo específicamente permisivo», han reprobado.
Así, han asegurado que las «continuas modificaciones de las leyes» sólo han servido para «acortar plazos»: «de alegaciones y de exposición pública, entre otros» en aras del «interés público». «Interés público y social es nuestro monte, nuestras aguas, etc», han defendido.
Entre las normativas «al servicio de las energéticas», citadas por la RGSE, están la Ley de Depredación y la de Simplificación Administrativa, que «no sólo agilizan la tramitación, sino que dificultan, por no decir casi que imposibilitan, a la ciudadanía ejercer su derecho a informarse o alegar».
FRAGMENTACIÓN
Bruno Centelles ha asegurado además que la legislación gallega «favorece la multiplicación de los clúster empresariales que se alían para pagar menos».
«El resultado es que el plan industrial eólico de un clúster se presenta a exposición pública en proyectos fragmentados o independientes», ha explicado, para a continuación citar casos como los del Conjunto A Serra da Groba (parques eólicos Albariño I + TorroñaI + Torroña III); Conjunto «Mariña Oriental» (parques eólicos Barreiros I, II, III e IV); o el Conjunto Bergantiños (parques eólicos Bustelo-Baralláns, Torreiro, Monte Muriño…), entre otros.
«La única salida sería una paralización definitiva de toda la ‘maquinaria’ administrativa ante la evidente falta de transparencia y desprecio absoluto por el rural y el patrimonio común», defiende la plataforma.
