La Xunta no admitirá durante año y medio –a partir de la entrada en vigor en 2022 de la ley de acompañamiento a los presupuestos– nuevas solicitudes de parques eólicos, si bien se exceptúa de esta moratoria a «aquellos proyectos que tengan una clara incidencia territorial por su entidad económica y social, posean una función vertebradora y estructurante del territorio y sean declarados como tales por el Consello de la Xunta».
Así figura en el texto que este miércoles ha remitido el Gobierno gallego al Parlamento, en el que se recoge que esta medida se toma «debido al número de los proyectos de parques eólicos admitidos y actualmente en tramitación y a la cifra de megavatios prevista en estos proyectos».
Igualmente, el proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas aclara que esta decisión «no impedirá la modificación de los proyectos ya admitidos a trámite».
Además, se estipula que, ante eventuales desestimientos o renuncias de solicitudes ya presentadas, el Consello de la Xunta podrá reabrir «temporalmente» el plazo para presentar nuevos proyectos «utilizando como referencia los megavatios en trámite».
Según el Gobierno gallego, se decide frenar estos proyectos durante 18 meses para una «ordenación racional del sector». Todo ello en un contexto en el que se producen numerosas protestas de plataformas vecinales y ambientales en contra de proyectos eólicos por incidencia sobre el territorio.
Junto a esto, se amplían las distancias para la instalación de aerogeneradores respecto a núcleos de poblaciones, de forma que tendrán que estar a 500 metros o a cinco veces la altura total del aerogenerador (incluidas las palas).
