Los magistrados de la sala de lo social del Tribunal Supremo debaten este miércoles sobre el recurso que interpuso Alcoa contra la anulación del expediente de regulación de empleo (ERE) para más de 500 trabajadores que pretendía aplicar en la fábrica de Cervo (Lugo).

La sala de lo social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) decretó nulo el ERE de Alcoa al apreciar «mala fe» en las negociaciones por parte de la empresa, cuyo «fin único y primordial» era «apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible».

Por su parte, Alcoa afirma que actuó «de buena fe» durante el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, «de manera justa y conforme con los requisitos legales» y apela a los «permanentes problemas estructurales que hacen que la planta de aluminio de San Cibrao no sea competitiva».

En este contexto, los trabajadores han regresado a la huelga indefinida para denunciar el bloqueo de las negociaciones entre la multinacional, el Gobierno central y un eventual comprador.

Este viernes, la firma estadounidense aseguró que mantiene su compromiso para traspasar la factoría a un tercero, pero fija como condición que el Ejecutivo establezca un marco energético competitivo.

EVITAR LO OCURRIDO EN A CORUÑA Y AVILÉS

Durante los meses en los que se prolongaron las conversaciones entre las partes, el comité (y también la empresa) exigió que la SEPI (sociedad estatal de participaciones industriales) u otro mecanismo equivalente ejerciesen como mediador, para evitar casuísticas como la que se dio en las plantas de A Coruña y Avilés.

Alcoa vendió sus fábricas de A Coruña y Avilés al fondo Parter, que a su vez las transfirió a Grupo Riesgo. Ahora mismo, ambas están administradas judicialmente y la Audiencia Nacional investiga si hubo despatrimonialización en estas operaciones. De hecho, este jueves ordenó a los imputados en el caso a devolver 13 millones de euros a las dos plantas.