El BNG propone elaborar una ley autonómica que regule, con criterios «transparentes» y de «equidad», tanto el reparto anual de fondos de la Xunta a los ayuntamientos como la participación de las entidades locales en los ingresos propios de la Administración autonómica.

De igual modo, los nacionalistas sugieren al Gobierno gallego que cree un ‘Plan Concellos’ que recoja todas las ayudas y subvenciones destinadas a los municipios, así como una herramienta que permita una «visualización anual y de la serie histórica» de las transferencias realizadas por el Ejecutivo autonómico.

«Se trata, en definitiva, de tener una Xunta que trate por igual a todos los vecinos del país, con independencia de en qué ayuntamiento vivan y de si votan bien o votan mal», ha ironizado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en un acto centrado en política municipal y celebrado este sábado en el NH Collection de Santiago de Compostela.

Desde este evento, al que han asistido decenas de responsables locales del Bloque como el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lorez, Pontón ha reivindicado la capacidad de los nacionalistas de «poner en marcha proyectos transformadores, vanguardistas y que mejoran la vida» de los vecinos a pesar de que el sistema de financiación municipal tiene «un enorme déficit».

«Cada ayuntamiento gallego recibe 50 euros menos por habitante que la media del Estado», ha asegurado la líder frentista, quien ha denunciado además que esta «discriminación es especialmente sensible» hacia las ciudades de la Comunidad: «252 euros por habitante frente a los 499 euros de media de las grandes ciudades del Estado que superan los 50.000 habitantes».

Por eso, el BNG lleva «años demandando un cambio» de sistema para «adaptarlo a la realidad» de Galicia, donde los servicios públicos tiene un coste medio superior debido al «envejecimiento y a la dispersión de la población».

Y este panorama se produce –ha agregado Pontón– cuando los gobiernos locales «están asumiendo competencias que no les corresponden», entre las que ha mencionado la sanidad, los servicios sociales y la gestión del ciclo del agua. «La pandemia dejó esta situación de un modo más claro», ha lamentado a continuación.

DIPUTACIONES Y XUNTA

En este contexto, la portavoz nacional ha reivindicado la gestión de las tres diputaciones gallegas donde el Bloque comparte gobierno con los socialistas –Ponevedra, Lugo y A Coruña–, puesto que «operan con transparencia e igualdad en el reparto de fondos a los ayuntamientos».

«Esto es justo lo opuesto a lo que practica el PP en la Diputación de Ourense y en la Xunta», ha advertido, para seguidamente poner como ejemplo el informe del Consello de Contas que en mayo señaló que el 84 por ciento de las subvenciones repartidas por el gobierno provincial ourensano a los municipios en 2018 se habían otorgado sin concurrencia competitiva.

Para Pontón, es señal de que el popular Manuel Baltar reparte estas cuantías «a dedo y con finalidad partidista», como ejemplo del «caciquismo más viejo y más rancio».

Así, ha criticado que la Xunta también utiliza las transferencias locales «de manera partidista» y sin «la igualdad y la transparencia que requiere una administración que quiera denominarse plenamente democrática».

«LA DOCTRINA DEL AMIGUISMO»

De hecho, Pontón ha avisado que, de los 488,5 millones de euros que avanzó el Gobierno gallego que irían a parar a los municipios en los presupuestos autonómicos de 2022, «el 72,2 por ciento se van a distribuir de manera discrecional».

«La Xunta pretende repetir un año más la doctrina del amiguismo en el reparto de los fondos públicos», ha alertado, al tiempo que ha tirado de ironía haciendo referencia a las polémicas palabras del escritor Mario Vargas Llosa durante la Convención Nacional del PP: «Aquellos ayuntamientos donde votan bien van a tener más recursos y ayuntamientos donde no votan bien van a tener menos».

Por todo esto, y para que la Xunta «cambie esa práctica caciquil y arbitraria» en las cuentas del 2022, Pontón ha sugerido una nueva ley de financiación local que garantice criterios «transparentes» y «ecuánimes» para el reparto de unos fondos que «no son de la Xunta ni del PP, sino que nacen de los impuestos que pagan los gallegos».