El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra ha anulado dos reconocimientos extrajudiciales de crédito para el pago de facturas por servicios y suministros prestados al Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra) y el portavoz del PP local, Alejandro Lorenzo, ha denunciado una «gestión irregular» e «ilegal» en esta Administración.

En concreto, el portavoz popular impugnó dos acuerdos plenarios aprobados en noviembre de 2019 que dieron luz verde al reconocimiento extrajudicial de créditos por valor de 1,5 millones de euros para el pago de facturas. Estos acuerdos han sido anulados en su mayor parte por el juez al «no haberse acreditado en los expedientes administrativos el cumplimiento de los referidos requisitos necesarios» para su aprobación.

En la sentencia, contra la que cabe recurso, el magistrado explica que las facturas a las que se refieren los reconocimientos de crédito impugnados, con la excepción de las correspondientes a la descontaminación del lindano y a la iluminación, «proceden de encargos verbales efectuados por autoridades o personal de la corporación municipal directamente a terceros».

De hecho, indica que la persona que ejercía como interventora municipal cuando se dictaron los actos impugnados reconoció en el juicio que en el Ayuntamiento «esta práctica irregular es masiva y generalizada, pese a sus advertencias expresas».

El juez apunta que las facturas de prestación de servicios o suministros «no se podían abonar mediante el sistema ordinario de gastos» al haberse efectuado estos encargos «con omisión grosera y muy grave de las mínimas garantías procedimentales legalmente exigibles». Como consecuencia, en las sesiones plenarias en las que se adoptaron los acuerdos impugnados, «la alcaldesa de O Porriño intentó habilitar el pago de dichas facturas, por importe total de 1,7 millones de euros». Finalmente, relata que los dos acuerdos plenarios aprobaron el gasto por 1,5 millones de euros.

INDEMNIZACIÓN AL EMPRESARIO

Así las cosas, el juez concluye que en los casos en los que se eludió el procedimiento de licitación «legalmente exigible» la indemnización del empresario «debe limitarse únicamente al gasto efectivo que hubo de desembolsar para prestar el servicio, excluyéndose el beneficio industrial».

Además, señala que la liquidación mediante el reconocimiento extrajudicial de crédito de las obligaciones contraídas con los prestadores de servicios «no enerva la obligación de dicha Administración de cesar inmediatamente en la práctica ilícita de los encargos verbales y de reaccionar frente a los responsables de la gravísima omisión del procedimiento de contratación».

En cuanto a los reconocimientos extrajudiciales de crédito, indica que en los expedientes «no se incluyeron las facturas» ni constan «los necesarios informes técnicos de los servicios municipales correspondientes» relativos a la ejecución del servicio y la corrección del precio. «Tampoco figura la identidad de la concreta persona que habría realizado cada encargo, ni consecuentemente, la acreditación del propio encargo», recoge la sentencia.

Por ello, anula los dos acuerdos plenarios, con la única excepción de los reconocimientos extrajudiciales de créditos relativos a la descontaminación del lindano y a la iluminación, «respecto de los que la interventora municipal reconoció haberse contratado legalmente».

CRÍTICAS DEL PP

Por su parte, en rueda de prensa, Alejandro Lorenzo ha denunciado la «gestión irregular e ilegal» realizada desde el Ayuntamiento, que «contó con los votos a favor de PSOE, UDDL, BNG y EUSON» pese a que «en el expediente no se incluían las facturas». De este modo, ha advertido de que «hay indicios de que se está ante facturas por trabajos que jamás se realizaron y que se están pagando».

En este sentido, ha afirmado que «las empresas nada tienen que ver con O Porriño» y «ni están ni generan empleo en el municipio», lo que supone «favorecer» a compañías «amigas» y «con clara connivencia entre empresa y administración», en «perjuicio» de las locales.