El director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, ha dado cuenta de la formulación de 643 reclamaciones desde la entrada en vigor de la nueva factura de la luz, el 38% de las contabilizadas desde enero en este ámbito.

En la comisión de industria y comercio del Parlamento gallego, y a preguntas del grupo popular, el director xeral ha informado también de la apertura de 67 expedientes sancionadores, entre cuyas razones más habituales se encuentran la acumulación de consumos y cambios de compañías.

Asimismo, según ha apuntado, se realizaron 165 laudos relacionados con las eléctricas, el 85% favorables a los consumidores, y en breve está previsto convocar al Consello de Cooperación en materia de consumo para asesorar en materia de factura de la luz.

La diputada del PP Cristina Sanz advirtió en su intervención de la escalada del precio de la luz y se mostró crítica con el «caos» que atribuye a la legislación del actual Gobierno central.

MINERÍA

Por otra parte, en la misma comisión, el socialista Martín Seco ha preguntado por los permisos de investigación minera en la comunidad desde enero de 2010.

En su respuesta, la responsable de Planificación Enerxética, Paula Uría, ha indicado que son 13 los otorgados que permanecen activos, mientras que otros 50 están en condiciones similares a la cancelación o suspensión y otros 72 en diferentes trámites de revisión, de acuerdo con sus datos.

Estas 135 solicitudes de permiso, según ha señalado, se distribuyen por provincias de la siguiente manera: 61 en A Coruña, siete en Lugo, 59 en Ourense y ocho en Pontevedra.

A continuación, ha sido la parlamentaria del PSdeG Noa Díaz la que ha interrogado a la directora xeral por la expropiación de una pista para su explotación en relación con la restauración de la cantera de A Casalonga, en Teo (A Coruña), en un proceso «con más sombras que luces» y tras unas resoluciones del pasado mes de agosto.

Uría ha asegurado que en este punto «no se puede hablar de ningún vertedero» y ha defendido que la Xunta «actúa conforme a derecho», al tiempo que ha negado «trato discrecional» y ha afirmado que «se mantiene la titularidad privada» de la mencionada pista, si bien la Xunta «estará vigilante».