El juzgado de lo Penal 3 de Vigo acogerá este lunes y este martes una vista contra un empresario de Baiona y su hijo, dueños de la histórica discoteca-pub ‘Villa Rosa’, acusados de un delito contra el medio ambiente y un delito de lesiones, por los ruidos que generaba la actividad del local y los perjuicios causados a un matrimonio que vivía en las inmediaciones.

La vista estuvo fijada para abril y para julio pasados pero, por diversas circunstancias, fue suspendida, y finalmente señalada para los días 4 y 5 de octubre.

Según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía, «al menos desde 2014» esta discoteca generaba ruidos que excedían los límites legales y, a pesar de las numerosas denuncias, mantuvo su actividad. Así, las mediciones realizadas entre 2014 y 2017 en el exterior del local arrojaron resultados de más de 70 decibelios (cuando el máximo permitido eran 50) y las realizadas en la vivienda de los denunciantes superaron con creces los 40 decibelios (cuando el máximo eran 30).

El local fue denunciado y el Ayuntamiento de Baiona ordenó la suspensión de la actividad e incoó expediente sancionador en 2015 por los ruidos, y también por la realización de ciertas obras sin licencia.

Pero los apercibimientos no dieron resultado y, de hecho, el propio consistorio fue instado por los tribunales a ejecutar esa suspensión de actividad. Aunque se precintó la discoteca, posteriormente reabrió tras subsanarse las deficiencias detectadas.

PERJUDICADOS

Un matrimonio que vivía cerca del establecimiento inició una batalla legal por los ruidos que tenía que soportar y que les llevaron incluso a trasladar a sus hijas menores a casa de otros familiares cada vez que abría por la noche el ‘Villa Rosa’.

A lo largo de cuatro años (se acabaron cambiando de domicilio en 2018) tuvieron que soportar niveles de contaminación acústica que les impedían descansar y que originaron un trastorno adaptativo asociado a «una situación vital estresante», según la Fiscalía. Así, padecieron insomnio, ansiedad, trastornos somáticos, etc., y les quedó como secuela un trastorno neurótico.

DELITOS Y PENAS

Por estos hechos, el ministerio público acusa a los procesados de un delito contra el medio ambiente y un delito de lesiones, y pide para cada uno de ellos 4 años de prisión y el pago de una multa de 84.000 euros.

Además, pide que indemnicen a cada uno de los perjudicados en 39.000 euros, y les paguen los gastos médicos en los que incurrieron en esos cuatro años. También solicita 4 años de inhabilitación para ejercer profesión en el ámbito de la hostelería.

Por otra parte, para la sociedad creada por padre e hijo y dueña del local la Fiscalía pide el abono de una multa de 360.000 euros y el cierre definitivo.