Cientos de personas han participado este domingo en las movilizaciones convocadas por la Confederación Intersindical Galega (CIG) en 24 ayuntamientos gallegos contra «la estafa de la luz» y para «reclamar» la recuperación de las centrales hidroeléctricas, la puesta en marcha de una tarifa eléctrica gallega y que «se reconozca la energía como un derecho universal».

En las protestas de este domingo se ha realizado una quema simbólica de facturas «como acto de desagravio», pero también como de «reivindicación contra unas eléctricas que, mientras acumulan beneficios multimillonarios, abocan a la clase trabajadora a la pobreza energética».

El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, que ha participado en la concentración celebrada en A Coruña, ha explicado que con esta jornada se pretende «exigir a los gobiernos» políticas que «frenen la escalada imparable de la factura eléctrica, que cada vez provoca más daños en el conjunto de la clase trabajadora y en la actividad económica e industrial».

Ha recalcado además que las manifestaciones de este fin de semana llegan tras la prohibición de la movilización que la CIG había convocado para el pasado viernes «con motivo de la intervención del presidente de Iberdrola en el Foro de A Toxa». «Una vez más comprobamos como se nos quiere silenciar a la hora de denunciar la falta de medidas por parte de los gobiernos para frenar el alza de la luz», ha lamentado.

«TODOS LOS GOBIERNOS SON CULPABLES»

Carril ha asegurado que «todos los gobierno son culpables de actual regulación del sistema eléctrico» y ha señalado que, en el contexto de la denominada transición energética, «se perpetúa la estafa, regulando y financiando la entrada de lleno que en este proceso tienen las eléctricas».

«Pero si resulta grave que esto ocurra en el conjunto del Estado, en Galicia resulta imperdonable. El Gobierno gallego, para ser digno de tal nombre, debería ser quien diera respuestas en el camino de poner la energía al servicio del pueblo y apoyar la creación de una tarifa eléctrica gallega», ha aseverado Carril.

A este respecto, ha recordado que la Comunidad exporta «una media del 30% de la energía que genera como consecuencia de decisiones políticas que hicieron de Galicia un territorio especializado en la producción eléctrica, con enormes costes sociales y ambientales, sin sacar provecho de ello».

«Al contrario, la desertización industrial y la emigración son ejemplos que vivimos, cada vez, con más frecuencia. Es un delito que en Galicia haya pobreza energética en las casas y que por los altos precios de la electricidad cierren empresas», ha criticado el portavoz de la CIG.

PROPUESTAS DE LA CIG

Por otra parte, el sindicato ha apuntado algunas de sus propuestas, «cuya aplicación habría evitado llegar a la situación actual». Entre ellas, el reconocimiento de la energía como derecho fundamental a una vida digna, la creación de una Empresa Pública Galega de Electricidade que gestione las centrales hidroeléctricas cuya concesión venza, o modificar el sistema tarifario, «limpiando la factura de todos los peajes que no tienen relación directa con el funcionamiento del sistema eléctrico».

También piden modificar transitoriamente los impuestos actualmente presentes en la tarifa eléctrica y que «pagan injustamente los consumidores», reduciendo el tipo máximo del IVA actual, del 21% al 4% que se aplica para productos básicos; así como la implantación de una Tarifa Eléctrica Galega.