Galicia dispondrá de un total de 6,4 millones de euros procedentes de los fondos europeos ‘Next Generation’ para invertir en actuaciones para las siete reservas de la biosfera existentes en la Comunidad.
Según informa la Xunta, este fue uno de los asuntos centrales de la última reunión del Comité español del programa Man and the Biosphere (MaB), celebrada esta semana de forma telemática y en la que participó la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, en representación del Gobierno gallego.
Durante la reunión, los responsables de la Administración estatal y de las comunidades autónomas abordaron las oportunidades que supondrá esta financiación extraordinaria para las 53 reservas de la biosfera españolas, así como los criterios de distribución de las cuantías.
En el caso de Galicia, la Xunta contará con 1,3 millones de euros para invertir en las tres reservas que están bajo su gestión directa (la transfronteriza Gerês-Xurés; la de Río Eo, Oscos y Tierras de Burón; y la Ribeira Sacra y Serras do Oribio y Courel), mientras que otros 1,8 millones de euros serán para los gestores de las cuatro restantes (Terras do Miño; Área de Allariz; Os Ancares Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y Becerreá; y Mariñas Coruñesas-Terras do Mandeo).
Sobre estas cuantías, la directora xeral de Patrimonio Natural propuso que la distribución se articule a través de convenios firmados con cada uno de los gestores de las reservas. Además, Belén do Campo solicitó al Estado que traslade a la Comisión Europea si esto sería factible de acuerdo con las condiciones del programa ‘Next Generation’.
Asimismo, habrá otros 2,7 millones del plan de recuperación para financiar un nuevo programa de subvenciones para los 86 ayuntamientos localizados en alguna de las site reservas de la biosfera, así como 500.000 euros para otra línea dirigidas a entidades del tercer sector y comunidades de montes de estas zonas.
En la reunión, la representante de la Xunta también consideró «urgente» que se concreten los términos y condiciones a aplicar para que los gobiernos autonómicos empiecen a asignar los fondos y se inicien las actuaciones y las inversiones sobre el terreno.