La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha pronunciado este martes a raíz del pronunciamiento del juez instructor que, por segunda vez, desestima la denuncia interpuesta por decenas de mujeres víctimas de una grabación en la calle mientras orinaban y cuyas imágenes fueron colgadas en páginas web porno. En este sentido, ha advertido de que «hacer fotos a una mujer sin su consentimiento y difundirlas es violencia sexual».

«Una mujer en la calle o el espacio público sigue teniendo intacto su derecho a la intimidad», ha apuntado en un tuit este martes la ministra de Igualdad, en el que recuerda que «los avances en los derechos de las mujeres tienen que aplicarse desde todos los poderes del Estado», lo que incluye el judicial.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro argumenta que los hechos denunciados no constituyen un delito contra la intimidad o el derecho a la propia imagen porque las imágenes se obtuvieron en la vía pública, por lo que deberían ser tratados por la vía civil y no la penal. El juez desestimó así la denuncia por segunda vez, al respecto de la cual fue presentada un recurso de reforma (el que se ha desestimado) y de apelación ante la Audiencia Provincial de Lugo, que todavía no se ha pronunciado.

Las imágenes fueron tomadas en la vía pública y captadas con cámaras colocadas a propósito para ese fin, de forma oculta. Luego se subieron a páginas web de contenido pornográfico, algunas de ellas de pago. pornográficas, algunas de ellas de pago.

En un auto emitido a comienzos de septiembre que ya ha sido recurrido por la asociación Mujeres En Igualdad Burela (Bumei) ante la Audiencia Provincial de Lugo, el juez Pablo Muñoz Vázquez desestima el recurso presentado por el colectivo al primer archivo de la causa, dictado por él mismo a mediados de marzo.

El criterio del juez instructor difiere del que tiene Fiscalía, que considera que hay un delito contra la intimidad y estima que «alternativamente» puede existir también otro contra la integridad moral de las víctimas.

FALTA DE ASEOS

Los hechos ocurridos en 2019 originaron que la propia institución del Valedor do Pobo iniciase una actuación de oficio en la que instó al Ayuntamiento de Cervo a revisar la organización del evento.

Tras esta queja, el ayuntamiento se comprometió a instalar más baños públicos y aumentar el dispositivo de vigilancia.