El BNG ha exigido al Gobierno central que «rectifique» y «retire la prohibición» de manifestación convocada por la CIG para el viernes 1 de octubre en O Grove, por «tratarse de una clara conculcación de los derechos fundamentales adoptada mediante una resolución arbitraria y sin la debida fundamentación».

Así, el diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, ha considerado «inadmisible» que mientras que el Gobierno «permite manifestaciones nazis y homófobas» en Madrid, «prohíba una movilización sindical» convocada para denunciar las políticas económicas del Gobierno y su «sumisión» a los intereses empresariales, con motivo del ‘Foro La Toja’.

A propósito del nombre de la conferencia, el BNG también denuncia «la deturpación» del topónimo de la isla de A Toxa y reclama la «corrección» del nombre del evento a la organización.

Según explica el BNG, el pasado 23 de septiembre la Subdelegación comunicó la decisión de prohibir la manifestación alegando que «puede, con posibilidad razonable, resultar afectado el orden público por su posible incidencia en la seguridad de personas y bienes».

«Esta decisión carece de fundamento legal y supone la vulneración del derecho fundamental de reunión y manifestación. Este derecho no se somete a autorización, solo debe comunicarse, cabiendo unicamente la prohibición cuando existan peligro evidente para la integridad de personas o bienes», explica el diputado del BNG.

Por lo tanto, «no puede alegarse por lo tanto cualquier afectación al orden público, es necesario que exista riesgo físico para las personas o de producirse daños materiales en los bienes».

«DEBE MOTIVARSE SUFICIENTEMENTE»

Para el BNG «debe motivarse suficientemente» en la resolución cuáles serían los riesgos físicos que llevan a estimar esta prohibición. A falta de ese riesgo extremo, advierte de que «la autoridad gubernativa no puede interferir, es más, debe garantizar el pleno desarrollo y proteger el derecho de manifestación».

El diputado del BNG también señala que la Subdelegación del Gobierno arguye que el recorrido de la manifestación afectaría al tránsito del puente que da acceso a la isla. «Esta circunstancia no puede servir para decir que existe riesgo para la integridad física de las personas o bienes, que es el único fundamento constitucional para acordar la prohibición», ha señalado Rego, quien ha apuntado que «existen alternativas para permitir el tránsito y respetar el derecho de manifestación como la habitabilidad de uno de los carriles para la marcha mientras que el otro se mantiene para la circulación.

Finalmente, para Rego resulta «intolerable» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participe en un evento que «emplea una forma deturpada» del topónimo de la isla, lo que a su juicio supone apoyar, «implicitamente, su utilización».