El abogado Manuel Prieto, que representa al maquinista Francisco Garzón Amo, que conducía el tren Alvia accidentado en Angrois en julio de 2013, ha presentado este viernes ante el juzgado de instrucción número 3 de Santiago su escrito final de defensa.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Prieto afirma que Garzón «no es responsable del siniestro», sino «una víctima más de las organizaciones encargadas de gestionar y explotar la actividad ferroviaria, Adif y Renfe Operadora, que no controlaron los riesgos que crearon» en la línea.
A ambas empresas les reprocha que «no mitigaron» dichos riesgos, «teniendo la capacidad de haberlos eliminado de raíz y evitado el accidente».
Al respecto, hace suya la conclusión del escrito provisional del Ministerio Fiscal sobre que «el trágico accidente no hubiese sucedido si Adif, más concretamente la Dirección de la Seguridad en la Circulación y el Acusado señor Cortabitarte López, como máximo responsable de la misma, hubiesen evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad en el tramo del accidente».
Sin embargo, se manifiesta disconforme con el correlativo de Fiscalía y de cada una de las acusaciones particulares, excepto la de Javier Illanes –quien condujo el tren desde Medina del Campo–, en todo lo relacionado con el maquinista, al entender que los hechos que se le imputan «no constituyen delito».
A su juicio, «al no existir delito no proceden circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal» y entiende que «no procede imponer pena alguna» a Garzón, ni tampoco indemnización.
En cualquier caso, apela a la cláusula 12ª del I Convenio Colectivo de Renfe Operadora, para los casos de accidentes ferroviarios, según la cual «las indemnizaciones que se impongan por sentencia firme a sus trabajadores, con motivo del ejercicio de la actividad profesional en concepto de responsabilidad civil, sanciones administrativas y de cualquier otro tipo, serán por cuenta de la empresa, renunciando esta al derecho de repetición contra el trabajador».
LOS ARGUMENTOS
Entre otros argumentos, el letrado que defiende al maquinista Francisco Garzón Amo recuerda que «no existía ninguna medida o barrera de prevención, ni de protección, ni de seguridad de ningún tipo, en la curva de A Grandeira».
«No había medidas, ya fuera sistema ERTMS hasta pasada la curva, o prolongar sus efectos más allá del lugar donde se encuentra instalado lanzando una curva de frenado, o llevarlo conectado hasta donde se encuentra instalado, señales de limitación permanente de velocidad, señales temporales de velocidad, ni con balizas, ni sin balizas, ya fuera no recibiendo en vía libre al tren en la señal luminosa E’7, o circular por la vía 2 o par, que siempre recibe al tren en la señal avanzada de la bifurcación en anuncio de precaución», relata.
La conducción de Garzón, aduce, «fue correcta hasta el punto kilométrico 84,230, produciéndose el accidente sin que el maquinista infringiera ni una sola señal lateral, y encontrándose todas las señales luminosas en vía libre, por lo que el sistema Asfa no suponía una medida de seguridad si se circulaba a la velocidad establecida o fijada, en este caso, en el documento de tren de 220 km/h (200 km/h al circular con el ERTMS desconectado) que era la velocidad autorizada y permitida hasta el mismo punto del siniestro».
PETICIONES PARA EL JUICIO
Entre otras peticiones, Manuel Prieto pide para el juicio la participación de múltiples testigos y peritos, así como la realización del recorrido en diferentes circunstancias.
El primer trimestre de 2022 está señalado como fecha para el juicio oral contra el maquinista y el exjefe de seguridad de Adif, que previsiblemente se celebrará en la Cidade da Cultura.
Será un procedimiento complejo por el número de folios que acumula la causa y los al menos 150 escritos de acusación presentados, así como la necesidad de dar voz a las víctimas.
