El BNG ha mostrado este lunes su rechazo a lo que ha denominado una nueva ley «sablazo», en relación a la que proyecta el Gobierno gallego para la gestión del ciclo del agua, y que «triplica» los impuestos que deberán abonar ayuntamientos, empresas y usuarios particulares. «Es irreformable», advierten los nacionalistas.

El texto, que se ha sometido a información pública hasta el 15 de septiembre, está en periodo de posibles incorporaciones de alegaciones y, tras ello, entraría en el Parlamento de Galicia. Al respecto, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que este lunes ha reunido a alcaldes nacionalistas para abordar esta cuestión, ha avanzado el rechazo al texto que ha planificado el Ejecutivo autonómico.

También se trasladará esta negativa al seno de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que este miércoles celebra comisión ejecutiva. El representante del BNG y alcalde de San Sadurniño, Secundino García, ha explicado en rueda de prensa este lunes que los nacionalistas emitirán una postura en contra de este anteproyecto y reclamarán la «retirada», porque el texto es «irreformable».

Asimismo, reclama que se inicie un «proceso participativo» en que la sociedad civil y los ayuntamientos puedan realizar un plan sectorial de gestión del agua en el que se marquen las líneas estratégicas.

«Perplejos» es la manera en la que ha definido la alcaldesa de Tomiño, Sandra González, la reacción de los alcaldes ante el anteproyecto de ley. Así, ha denunciado que lo que ha propuesto la Xunta es «aumentar las tasas» e incluso cobrar un canon por «depurar el agua de la lluvia». «Van a pagar el pato los ayuntamientos», ha apuntado.

Sandra González señala que Galicia necesita un plan de abastecimiento y saneamiento para toda la comunidad y llevar a cabo una «reflexión seria y real con los agentes que están en el territorio». Además, a juicio de la alcaldesa, el anteproyecto «parte del desconocimiento del territorio», sin tener en cuenta circunstancias como las traídas de agua de abastecimiento gestionadas por mancomunidades.

«LEY SABLAZO»

Así las cosas, Pontón ha tildado de «ley sablazo» este proyecto, que «subirá impuestos a las empresas, ayuntamientos y a todos los gallegos» en un bien de primera necesidad. Además, ha denunciado que se está tramitando «con nocturnidad», con un periodo de exposición pública que se consiguió ampliar hasta el 15 de septiembre pero que inicialmente era agosto, y que tiene como objetivo «aumentar el precio que se paga» por el agua con un incremento de la «carga fiscal».

Además, Pontón ha recriminado que traslada las obligaciones y competencias a ayuntamientos y diputaciones. «Después de 12 años sin planificación, busca a quien trasladar las responsabilidades», ha apuntado, para denunciar, a renglón seguido, que Feijóo «no ha aprobado ningún plan de gestión del agua».

A ello, ha agregado que se establecen «fórmulas de presión» para que los ayuntamientos que no acepten la propuesta de la Xunta, «no participarán en las inversiones hidráulicas».

Para la dirigente nacionalista, tiene un «mero afán recaudatorio» en un contexto en el que las eléctricas «hacen caja». Pontón ha señalado que la nueva fórmula de cálculo incrementa el coste: «Lo que va a hacer el Gobierno de Feijóo es incorporar un canon por la lluvia, después del impuesto al sol».

De hecho, ha asegurado que «va a multiplicar por tres la carga fiscal del ciclo del agua sin que suponga ninguna mejora». «El Gobierno del PP sustituye la ausencia de planificación por amenazas de gestión. No hay interés real por resolver la gestión del ciclo del agua y hay un incremento de cargas fiscales y sanciones a los ayuntamientos», ha insistido.

En este escenario, el BNG pide retirar el anteproyecto del agua y reclama una «visión de futuro» que no pase «unicamente por sablar más» a los usuarios.

«PASO ADELANTE»

Preguntado por las críticas del BNG, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha sostenido que es necesario «dar un paso adelante» en la gestión del agua en un contexto en el que «muchas aldeas aún no tienen agua potable de traída ni sistemas de saneamiento de las aguas residuales».

Además, tras recordar que se trata de una competencia municipal, ha dicho que lo que la Xunta plantea es una ley que establece el mecanismo por el que «va a seguir apoyando a los ayuntamientos que voluntariamente se integren en el sistema», «una reordenación de los tributos, sin que ello implique una subida del precio del agua».

«Se trata de que los ayuntamientos y las diputaciones participen en este organismo nuevo que se crea de gestión y creemos que es una buena idea que la Xunta los apoye», ha afirmado para poner en cuestión que el BNG critique «algunas cosas» incluso antes de «conocer el texto».

Ante ello, ha pedido «un poco de calma» y ha trasladado la disposición de su grupo a incorporar enmiendas con las aportaciones de la oposición durante la tramitación parlamentaria de la norma.