La comisión bilateral Xunta-Estado ha acordado iniciar negociaciones para resolver las discrepancias que hay en torno a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, concretamente sobre los plazos de las concesiones situadas en el dominio público marítimo-terrestre.

Así lo recoge la resolución publicada este lunes por partida doble, tanto en el Diario Oficial de Galicia (DOG) como en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que establece una fase de diálogo para evitar una eventual interposición de un recurso de inconstitucionalidad del que avisó hace meses el Gobierno gallego.

De hecho, el texto del acuerdo, que aparece firmado por el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, y por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, será comunicado al Tribunal Constitucional.

El inicio del diálogo entre ambas administraciones es un paso que la Xunta considera «positivo», según expone en un comunicado, porque «se podrán debatir con el Gobierno central determinadas discrepancias en el artículo 20 y la disposición derogatoria única».

En concreto, la redacción del artículo 20 –antes era el 18– de la mencionada ley, que fue aprobada a mediados de mayo, fue el principal objeto de discrepancia entre ambas administraciones durante la tramitación legislativa, al establecer, conforme a la Ley de Costas de 1988 y a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003, que las concesiones en la línea de costa tendrían un máximo de 75 años, incluidas prórrogas.

Este mismo artículo también establece que son «nulos de pleno derecho» los actos administrativos que incumplan este plazo máximo. Esta redacción fue objeto de una enmienda presentada por el PSOE en su trámite en el Senado, para precisar que solo serían nulos aquellos actos dictados después de la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático, anulando así su efecto retroactivo.

LA XUNTA QUIERE «ACLARAR LA INSEGURIDAD JURÍDICA»

A pesar de esta modificación en la Cámara Alta, la Xunta quiere que la negociación acordada por la comisión bilateral llegue a «aclarar la inseguridad jurídica» que, según considera, ofrece la actual redacción del artículo 20 en lo relativo a la duración de las concesiones.

En este sentido, la Administración autonómica recuerda que tanto su asesoría jurídica como el Consello Consultivo habían expuesto sus dudas sobre esta normativa en sendos informes.

La Xunta ve «un paso de buena voluntad» que el Gobierno central tenga «predisposición a dialogar y negociar sobre una normativa que afecta al futuro de las empresas afincadas en el litoral de Galicia», recalca en su comunicado.

Y es que la intención del Ejecutivo autonómico es «garantizar la seguridad jurídica» de estas industrias, entre ellas «más de un centenar» de la cadena mar-industria, así como otras 5.000 edificaciones situadas en la línea de costa.