El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este lunes la necesidad extraordinaria de prorrogar la suspensión de las reglas fiscales de cara a 2022 ante la emergencia provocada por la pandemia de la Covid-19 en España.

Además, la Cámara Baja será informada por parte de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, del techo de gasto no financiero del Estado para 2022, fijado por el Ejecutivo en una cuantía récord de 196.142 millones de euros, según han confirmado fuentes del Ejecutivo a Europa Press.

La suspensión de las reglas fiscales, aprobada por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Estos artículos recogen la posibilidad de exceder los límites de déficit estructural y de deuda en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria «que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado». Eso sí, esas excepciones deben ser «apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados».

Al igual que en 2020 y 2021, la Comisión Europea ha propuesto que las reglas que limitan el déficit y la deuda pública de los Estados miembros sigan suspendidas en 2022 y vuelvan a reactivarse en 2023, una vez que las economías europeas hayan recuperado su nivel de PIB anterior a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya se ha pronunciado sobre el tema y también considera que todavía concurren en 2022 las circunstancias excepcionales para activar la cláusula de escape y mantener así la suspensión de las reglas fiscales.

A pesar de la suspensión de las reglas fiscales, el Gobierno asegura que, a medida que las condiciones lo permitan, la política presupuestaria, que seguirá siendo expansiva el próximo año, se reorientará hacia posiciones fiscales «más prudentes» que reafirmen la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Por ello, para 2022 contempla uno «de los mayores descensos del déficit público», desde el 8,4% en 2021 al 5% en 2022.

EL CONGRESO LO AVALÓ EL AÑO PASADO SIN PP NI VOX

Por primera vez, el año pasado el Pleno del Congreso avaló la suspensión de los objetivos de déficit y de deuda para 2020 y 2021 por la situación de crisis provocada por la pandemia de Covid-19, pero lo hizo sin PP ni Vox, que se abstuvieron.

Para superar la votación, el Gobierno requería llegar a la mayoría absoluta (176 diputados), lo que consiguió al recabar los votos de Esquerra Republicana, Ciudadanos, Junts, el PNV, y EH-Bildu, además de los del PSOE y Unidas Podemos. También apoyó esta decisión Unión del Pueblo Navarro, la CUP, Más País-Equo, Compromís, el BNG, Nueva Canarias, Coalición Canaria, el Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe. Solo Foro Asturias, socio electoral del PP, votó en contra.

UN TECHO DE GASTO QUE SE MANTIENE EN MÁXIMOS

El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros dio ‘luz verde’ al límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, del Presupuesto del Estado para 2022, que se mantiene en los 196.142 millones de euros, lo que supone apenas 45 millones más que la cifra registrada un año antes, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos.

El Gobierno mantuvo además su previsión de déficit público, al augurar un desajuste del 8,4% del PIB este año, y estableció una tasa de referencia de déficit del 5% en 2022. La ministra ya ha avanzado que en dos años el déficit se habrá reducido más de un 50%.

Excluyendo los fondos europeos, el ‘techo de gasto’ se situaría en 169.787 millones de euros, un 0,7% más, por lo que la cantidad procedente de los ‘Next Generation EU’ asciende a 26.355 millones de euros.

De este conjunto de fondos europeos, un total de 25.622 millones de euros corresponden al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y 733 millones al REACT EU. Según ha aclarado el Ministerio de Hacienda, el grueso de los fondos REACT EU son recursos para las comunidades autónomas que no se incluyen en el techo de gasto y se han asignado para las CCAA de este fondo unos 8.000 millones en 2021 y 2.000 millones en 2022.

Por subsectores, la Administración central seguirá asumiendo la mayor parte del déficit público y aglutinará el 6,3% del total este año y 3,9% el próximo, mientras que la tasa de referencia de déficit para las comunidades autónomas se sitúa en el 0,7% este año y en el 0,6% en 2022 y para los ayuntamientos será de equilibrio en ambos ejercicios. En el caso de la Seguridad Social, la tasa de referencia del déficit será del 1,5% este año y del 0,5% el siguiente.

PISTOLETAZO DE SALIDA PARA LAS CUENTAS PÚBLICAS

La aprobación del techo de gasto supuso el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, que el Gobierno presentará a finales de septiembre o principios de octubre, según anunció el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su discurso de apertura del curso político a principios de este mes.

PSOE y Unidas Podemos ya negocian desde hace meses en el seno del Gobierno de coalición las nuevas cuentas públicas, que tendrán como prioridad consolidar la recuperación económica.

Para ello, jugarán un papel fundamental los fondos europeos que suponen la llegada de nuevas partidas por importe de 75.000 millones para estos tres años. Los Presupuestos para 2022 irán en línea con las orientaciones presentadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España ante por la Comisión Europea. Las cuentas supondrán un apoyo a la recuperación, evitando «una retirada prematura» de los estímulos y haciendo pleno uso de la financiación europea.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya adelantó como ejes prioritarios la negociación sobre la reforma fiscal, garantizar el acceso a la vivienda con medidas que permitan un alquiler asequible, el despliegue de políticas que acaben con la crisis de los cuidados, que garanticen las prestaciones mínimas a la población y que combatan la precariedad laboral.

Sobre la reforma fiscal, uno de los puntos fundamentales para Unidas Podemos, tanto Montero como la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, han insistido en varias ocasiones en que se pretende abordar una vez se haya recuperado la economía, recordando que se ha puesto en marcha un comité de expertos que deberá tener sus conclusiones sobre la reforma del sistema tributario español en febrero de 2022, con lo que el grueso de la reforma no entraría en vigor hasta 2023, tal y como se refleja en el plan de recuperación.