La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, considera un «escándalo» el anteproyecto de ley del ciclo integral del agua de la Xunta de Galicia, ya que incluye dos nuevos cánones que supondra «aumentar el 180%» del recibo del agua de los hogares y «el 130%» en las empresas.

En rueda de prensa, Carmela Silva ha confirmado que este viernes la Diputación de Pontevedra va a remitir sus alegaciones al anteproyecto, que considera «injusto y unilateral».

Denuncia que el texto «atenta contra la autonomía local y contra la ciudadanía», por lo que pide la retirada de este anteproyecto por ser «un ataque al mundo local». «Nos obliga a asumir más competencias impropias con los mismos recursos y a financiar obras fuera de nuestras competencias», se queja.

En esta línea, Carmela Silva ha afirmado que «la Xunta recorta los recursos al ciclo del agua y hace que las entidades locales y la ciudadanía lo asuman».

«Es un verdadero escándalo este anteproyecto», ha sentenciado, al tiempo que avisa de que «el anteproyecto no contempla tarifas sociales para las personas vulnerables».

NUEVAS CARGAS PARA LOS MUNICIPIOS

En el caso de los concellos, ha indicado que tendrán que asumir nuevas cargas administrativas, costes y sanciones, se adhieran o no voluntariamente a la firma de los convenios con «un nuevo canon con una tarifa que duplica la actual».

Carmela Silva ha lamentado que, «en lugar de ayudar a los concellos a luchar contra las fugas de agua, la Xunta las penaliza».

En el caso de las diputaciones, «dinamita su suficiencia financiera» y supondría tener que recortar en otras prestaciones. «La Xunta quiere tutelar nuestra capacidad de decisión al imponernos la gestión de los recursos». «las diputaciones no vamos a poder participar en la planificación, sólo vamos a pagar (…) si esto ocurre, tendremos que recortar en otros servicios», ha dicho la presidenta de la Diputación.

La mandataria provincial ha recordado que la Diputación de Pontevedra, a través del Plan Concellos, ya financia más de 284 obras con 23 millones de euros, pero «el anteproyecto obliga a un modelo de financiación sin límites». Y es que «a 11 municipios de la provincia, si no se adhieren, la Xunta dejará de darles el servicio».