Las entidades locales de Galicia registran uno de los mayores niveles de rendición de cuentas de todo el Estado y sitúan a la comunidad gallega entre los cinco territorios que lideran este indicador de fiscalización sobre los datos del año 2019.

Más de la cuarta parte de las entidades locales del Estado no cumple con la obligación de presentar anualmente sus balances al Tribunal de Cuentas, y esta institución insiste en la conveniencia de ‘castigar’ esa actitud reteniéndoles la financiación que les corresponde por tributos e impidiendo su acceso a ayudas públicas y subvenciones.

Así figura en el informe de fiscalización del sector público local correspondiente al año 2019, aprobado en el último pleno del Tribunal. En concreto, las entidades locales de Andalucía y Región de Murcia registraron los niveles de rendición más bajos a 7 de abril de 2021, con el 45 %y el 52%, respectivamente.

En cambio, Cataluña y Madrid (el 89 %), Galicia (el 94 %), Aragón (el 95 %) y Comunitat Valenciana (el 97 %) son las que presentan los mayores niveles de rendición a la referida fecha.

Todas ellas comparten la característica de que su normativa autonómica prevé la prohibición de acceder a subvenciones o ayudas públicas a aquellas entidades que no se hallen al corriente en la rendición de cuentas.

«La efectividad de este tipo de medidas se revela en el impacto positivo inmediato que tienen en la mejora de los índices de rendición cuando se aplican las mismas», señala el informe.

Aragón, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunitat Valenciana cuentan así con normas que condicionan la percepción de ayudas y subvenciones públicas, con cargo a sus presupuestos, a que las entidades locales se hallen al corriente en la rendición de cuentas al respectivo OCEX.

Esto ha redundado «muy positivamente» en los niveles de rendición, añade, al ser las entidades locales de dichas comunidades las que presentaban mejores resultados en relación con las cuentas del ejercicio 2019.

CONTRATOS Y CONVENIOS

Un total de 162 entidades locales, el 52 por ciento, y las cuatro diputaciones remitieron información anual sobre contratos formalizados en el ejercicio.

Asimismo, 57 entidades (18%) y tres diputaciones remitieron información sobre convenios correspondiente al ejercicio 2019 enviada a través de las relaciones anuales.

El 95% de los informes de acuerdos y resoluciones contrarios a reparos de todo el Estado correspondía a ayuntamientos y, a su vez, suponían el 94 % del importe de los acuerdos comunicados.

Un 35 % del total habían sido emitidos por los ayuntamientos correspondientes al tramo de 5.001 a 20.000 habitantes, representando un 30% del importe global de los referidos acuerdos.

Un total de 14.918 acuerdos contrarios a reparos comunicados, por un importe de 641 millones de euros (el 27 % de los informes y el 26 % del importe total), correspondían a entidades locales de Andalucía. En Galicia se emitieron 10.019 informes.

DATOS ESTATALES

Según indica el Tribunal, un 62% de esas entidades del Estado presentaron sus datos dentro del plazo legal de enero de 2021, un porcentaje que en abril de ese año llegaba al 73%. Por primera vez en años, la cifra es mejor a la del ejercicio anterior, que fue del 55 y del 71%, respectivamente, pero sigue suponiendo que más de una cuarta parte no cumple con su obligación de rendir cuentas.

Este aumento se aprecia especialmente en los cabildos y consejos insulares, que han pasado del 10% en 2018 a un 60% en el periodo fiscalizado, y en los ayuntamientos, cuyo porcentaje de rendición de cuentas ha crecido diez puntos, del 58% de 2018 al 68% de este último informe.

LOS PEORES DATOS, EN ANDALUCÍA Y MURCIA

Por comunidades autónomas, las entidades locales de Andalucía y Región de Murcia registraron los niveles de rendición más bajos a 7 de abril de 2021, con el 45% y el 52%, respectivamente.

En cambio, las que presentan los mayores niveles de rendición a la referida fecha son las entidades locales de la Comunidad Valenciana (con el 97%) y de las comunidades autónomas de Aragón (95%), Galicia (94%), Cataluña y Madrid (ambas con el 89%).

Según señala el Tribunal, a 7 de abril de 2021, había ocho ayuntamientos con población superior a 100.000 habitantes, tres cabildos y consejos insulares y cinco diputaciones provinciales que no habían rendido las cuentas generales del ejercicio 2019. Y un poco después, al cierre de los trabajos de fiscalización, seguían sin rendir la cuenta general cinco ayuntamientos de dicho tramo de población, dos cabildos y consejos insulares y tres diputaciones.

Además, y en cuanto a la integridad y coherencia de los balances presentados, el 14% no integraba la totalidad de las cuentas anuales de dichas entidades instrumentales.

A partir de las validaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas se comprobó que un total de 38 entidades locales u organismos autónomos no habían remitido la información de tesorería y otros 88 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes o entidades locales supramunicipales no habían adjuntado las preceptivas memorias justificativas del coste y rendimiento de los servicios públicos y del grado de cumplimiento de los objetivos programados.

En materia de contratación pública, las entidades locales incumplieron mayoritariamente la obligación de remitir en plazo las relaciones anuales de contratos formalizados, habiéndolas presentado el 32% dentro de la fecha límite prevista y otro 22% fuera de plazo.

En un total de 1.718 contratos comunicados en las relaciones anuales, con un importe global adjudicado de 1.941 millones de euros, se incumplió la obligación de remisión del extracto del expediente de contratación. Este incumplimiento se corresponde en su mayoría a contratos de servicios y de obras.

Así las cosas, en sus recomendaciones el Tribunal de Cuentas hace hincapié en que se proceda a la aplicación de la retención en los tributos del Estado a las entidades locales que incumplan la obligación de rendir las cuentas generales y que se promueva la iniciativa legislativa oportuna para establecer como requisito, para el acceso por las entidades locales a las subvenciones o ayudas públicas, estar al corriente en la rendición de cuentas.

EMPRESAS PÚBLICAS EN DISOLUCIÓN

En el informe se señala también que el 7% de empresas públicas locales que rindieron cuentas se encontraban en situación de disolución o sin actividad: un total de 126 empresas tenían un importe neto de la cifra de negocios igual a cero, el 67% de las cuales figuraban como activas, el 25% en disolución y el 8% como inactivas.

Pero, además, el 9% del total de empresas tenían patrimonio neto inferior a la mitad del capital social, encontrándose en causa legal de disolución si no procedían a su reequilibrio patrimonial.

El endeudamiento de las empresas públicas locales suponía el 35% del activo total en las sociedades mercantiles y el 36% en las entidades públicas empresariales.