La Xunta y Unións Agrarias han valorado el incremento de los precios de la leche que a partir de este viernes adoptarán varias cadenas de distribución en Galicia. La administración espera que el resto de distribuidoras sigan los pasos de estas empresas y el sindicato agrario cree que se trata de un primer paso que debe tener impacto en el bolsillo de los ganaderos.

Este ha sido uno de los puntos abordados en el encuentro que este martes han mantenido el conselleiro do Medio Rural, José González, y el secretario general de UUAA, Roberto García, al que también ha asistido el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros.

El Gobierno autonómico y la central agraria comparten la necesidad de que las cadenas de distribución rompan con el uso de la leche como producto reclamo, por lo que entienden la subida anunciada por algunos grupos como un primer paso hacia mejorar el rendimiento económico que obtienen los productores.

En declaraciones a Europa Press tras la reunión, Roberto García ha incidido en la necesidad de contar con mecanismos legislativos que impidan que existan «recibos de leche por debajo del coste de producción».

En este sentido, la reunión también trató sobre el funcionamiento del Observatorio del lácteo, una herramienta con presencia de la administración, sindicatos, productores e industria que tiene como objetivo velar por el funcionamiento del sector.

Así, la Xunta se ha comprometido a regular a través de un decreto específico este observatorio. El documento quedará expuesto para consulta pública hasta el 9 de septiembre en el portal de transparencia del Ejecutivo gallego para que los interesados realicen aportaciones.

Otro de los puntos ha sido el uso de la aplicación informática ‘Conta Láctea’, creada por el Gobierno autonómico para vigilar que el incremento de los precios repercuta en los ganaderos.

Por su parte, el responsable de Unións Agrarias ha avanzado que tanto el sindicato como la Xunta iniciarán en las próximas semanas una serie de contactos con representantes de la industria para buscar que se modifiquen los contratos en vigor con los productores y que los nuevos reflejen el alza en los precios.