El marinero gallego Pablo Costas, que estaba retenido en Yemen desde septiembre del año pasado bajo un cargo de supuesta pesca ilegal, ha sido liberado en las últimas horas, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la familia.

Así, desde Exteriores han informado de la liberación de Pablo Costas, patrón de pesca de Bueu (Pontevedra), y han señalado que esta medida ha sido posible gracias a las gestiones no solo del ministerio, sino «del propio ministro (José Manuel Albares) personalmente».

El hermano de Pablo, Víctor, así como fuentes del sindicato CUT, han explicado que el marinero ha salido ya del barco, junto con otros compañeros de tripulación, y se encuentra en un hotel en Al Mukallah. No obstante, y aunque ya le han devuelto el pasaporte, por el momento no hay fecha concreta para el regreso a Galicia.

El portavoz de la CUT, Manolo Camaño, ha celebrado la noticia de la liberación de Pablo Costas, y ha explicado a Europa Press que ahora están «pendientes» de que «tramitar los billetes de avión», teniendo en cuenta las dificultades de un país «en guerra» como Yemen y las limitaciones en el transporte aéreo.

Según ha indicado, la previsión inicial es que se pueda facilitar un «convoy de seguridad» para que el marinero se pueda desplazar desde el puerto de Al Mukallah hasta el aeropuerto, a unos 270 kilómetros. Una vez allí volaría a El Cairo (Egipto) y luego a Madrid.

DETENCIÓN

La odisea de Pablo Costas comenzó en julio de 2020, cuando el pesquero en el que trabaja, el ‘Cobija’ (de bandera boliviana) fue sometido a una inspección en el Índico por parte de las autoridades australianas. Esa inspección confirmó que «todo estaba bien», según la CUT, pero, estando aún en altamar, el barco fue vendido a un armador somalí, que ordenó tomar rumbo a Yemen.

En septiembre, y ya en Al Mukallah, Pablo Costas es informado de una orden de detención por parte de la Interpol y cursada por Australia, que lo acusa de un delito de pesca ilegal. De este modo, el marinero es condenado a tres meses de arresto y, tras cumplirlos, el fiscal presenta un recurso para paralizar su repatriación.

A lo largo de los últimos meses, la CUT y su familia (que han organizado varias concentraciones para pedir la repatriación, la última este sábado) han denunciado la situación en la que Pablo y sus compañeros estaban «secuestrados» en el barco, llegando en las últimas semanas a estar sin comida, ni atención sanitaria, a pesar de las condiciones «insalubres» que tenían.

Asimismo, también han criticado que, en estos 11 meses, no se les ha facilitado asistencia jurídica, ni traductores, y «desconocen formalmente los cargos que se les imputan».