El sindicato CIG ha denunciado este jueves la «represión sindical» y el «acoso» que sufren sus delegados en Nueva Pescanova y ha criticado que la empresa es «especialmente beligerante» con esta central, difundiendo entre la plantilla la idea de que la CIG «revienta» los procesos de negociación, provoca «mal clima» e incluso sancionando «injustamente» a sus afiliados.
Así lo ha trasladado en rueda de prensa el secretario comarcal de la FGMAT, Suso García, que ha explicado que, «desde que llegó el nuevo equipo de recursos humanos», la empresa ha modificado su política de relación con los sindicatos, siguiendo la máxima de «puño de hierro en guante de seda».
Según la CIG, la empresa no tolera que se discutan sus decisiones, e impone medidas que, legalmente, deben ser consultadas con la representación de los trabajadores. «En el mejor de los casos comunican las decisiones, pero no se debaten ni se discuten», ha afirmado.
Como ejemplo ha puesto la negociación del convenio y la decisión de Nueva Pescanova de mantener las reuniones en su centro de Chapela «con la excusa del Covid». Esto provocó, ha incidido Suso García, que los trabajadores de la planta de Arteixo aún no se hayan reunido para la renovación del convenio, por haberse negado a desplazarse.
También han criticado que Nueva Pescanova haya propuesto una congelación salarial para este año y el que viene y, al preguntarle si estaba dispuesta a negociar esa medida, «su respuesta fue colocar hojas informativas acusando a la CIG de reventar las reuniones y de no querer negociar».
La central nacionalista ha añadido otros ejemplos, como el hecho de que el centro de O Porriño aún no tenga cerrado su calendario laboral, la «imposición» de EPIs que cubren la cara a las operarias en la planta de Chapela sin haberles dejado «escoger el modelo», o la «imposición» de un plan de igualdad que el sindicato no firmó y que el Ministerio de Trabajo «tumbó».
Finalmente, se han referido a un supuesto caso de acoso laboral y sexual en O Porriño, a los apercibimientos a trabajadores «que supuestamente alargaban su hora del café» o a la sanción de 15 días sin empleo ni sueldo a una exdelegada de la CIG «por ir dos días al médico, aduciendo que no había cumplido el protocolo de salida», cuando la empleada asegura que había comunicado las salidas a sus superiores.