Los alcaldes de los municipios de A Baña, Vimianzo y Zas han anunciado acciones y movilizaciones conjuntas para evitar el cierre de oficinas previsto por Abanca en diversos ayuntamientos del rural gallego y que afectan directamente a 10.000 vecinos.
Los regidores solicitarán una reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que «se ponga al frente de las reivindicaciones», puesto que estos tres municipios consideran que es el único con capacidad para «hablar de tu a tu» con la entidad financiera.
Asimismo, quieren reunirse con el presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), Alberto Varela, para intentar convocar una asamblea de ayuntamientos y analizar la estrategia de concentración de oficinas de la entidad y el abandono que sufren los núcleos rurales.
También buscarán establecer contactos con algún ministro del Gobierno de España con competencias en la materia, además de diputados de la Cámara gallega, para intentar impulsar iniciativas políticas en esta línea, o con responsables de Abanca.
Las movilizaciones arrancaron con recogida de firmas en los tres municipios y desembocarán en una manifestación ante la propia sede de la entidad financiera, buscando agotar las posibilidades en su mano (incluido estudiar medidas legales) para «lograr que reconsideren esta decisión».
«ATENTADO CONTRA EL RURAL»
Manuel Muíño, alcalde de Zas, lamentó que la decisión de cerrar las oficinas obedece únicamente a un interés por incrementar ganancias y no por una cuestión «de pérdidas».
«Es un atentado contra el rural», añadió el alcalde da Baña, José Antonio Pereira, mientras que Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, lamentó la falta de comunicación por parte de la entidad para intentar «establecer un diálogo».
«No podemos permitir este desmantelamiento», ha insistido, al tratarse de una cuestión que afecta a todos los ciudadanos y a los comerciantes y a la actividad en los municipios. En total son nueve las oficinas afectadas en Galicia (A Baña, Baíñas, Zas, San Valentín, Campo Lameiro, Campelo, San Xoán de Río, Padrenda y Quintela de Leirado.
Precisamente, los grupos políticos con representación en el Gobierno local de Campo Lameiro (PPdeG, Porvir y PSdeG-PSOE) acordaron por unanimidad sellar un pacto de unidad de acción para hacer frente al cierre unilateral de la sucursal en el municipio.
El regidor, Carlos Costa, y los portavoces de las formaciones trasladaron este viernes su indignación ante una decisión «injusta y antisocial» y avanzaron un pleno extraordinario para el martes 17 y la apertura de un periodo de estudio para valorar acciones consensuadas, movilizaciones y contactos con otras entidades financieras.
SILVA INSTA A ACTUAR
Este mismo viernes, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, exigió a Feijóo que empiece a buscar soluciones al cierre de sucursales bancarias en el rural, tras considerarle «el responsable de lo que está pasando» y que «deja a buena parte de los vecinos sin un servicio indispensable».
En este sentido, emplazó al presidente autonómico a dar explicaciones «de su inacción» y lamentó las consecuencias del «completo desastre» de la privatización de las cajas de ahorros.
