El Consello de Contas afea a la Xunta que «persiste el uso inadecuado» del programa presupuestario de imprevistos, a pesar de que estos gastos «resultan previsibles», «lo que revela un margen de mejora en la elaboración del presupuesto inicial».
Así figura en el informe de la Conta Xeral de la Xunta de 2019 –uno de los varios estudios publicados este viernes por Contas–, en el que critica que el Gobierno gallego transfiera a este programa de imprevistos créditos que «posteriormente se distribuyen entre otras aplicaciones de gastos, eludiendo así los límites fijados normativamente para las transferencias».
Incide en que «gran parte de las insuficiencias presupuestarias» que originan estas modificaciones «son recurrentes en los últimos ejercicios».
Entre otras incorrecciones observadas en la Conta Xeral, figuran que en el presupuesto de la Xunta se imputan en 2019 cargos por 57,4 millones correspondientes a anteriores ejercicios, pero se dejan de computar 64,9 millones que sí son de ese año, «por lo que el resultado presupuestario está sobrevalorado en 7,48 millones de euros».
Asimismo, el remanente de tesorería de la Administración gallega «está sobrevalorado en 64,89 millones» por las obligaciones no imputadas al presupuesto en el que se realizaron los gastos. Junto a esto, reprueba que se registren como activos financieros operaciones por casi 100 millones destinadas a cubrir déficits de explotación de la CRTVG.
Con todo, Contas valora que la Conta Xeral de la Comunidad Autónoma refleja «razonablemente la actividad económico-financiera desarrollada en el ejercicio 2019».
RECOMENDACIONES INCUMPLIDAS
De tal forma, el órgano fiscalizador dedica un apartado a las recomendaciones que siguen incumplidas por parte del Gobierno gallego y tiene pendiente de mejorar.
Uno de los puntos sobre los que llama la atención se refiere a la gestión de subvenciones públicas, puesto que «deben adoptarse medidas correctoras de la desviación de la ejecución» que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos dentro del ejercicio correspondiente. Aunque esta recomendación fue aceptada por la Xunta, Contas asegura que no se verifican «avances» en su implantación.
Además, se reitera a la Administración autonómica que recoja en su memoria anual información sobre los compromisos financieros asumidos para financiar infraestructuras públicas en aras de «una mayor transparencia», dado que Contas no ve «avances» en su implantación.
Paralelamente, se apela a extender el control financiero sobre áreas de las Consellerías «más susceptibles de riesgos de gestión», como son la contratación y concesión de ayudas. Sobre este punto, la Intervención Xeral se compromete a su implantación en 2022 en un contexto de modificación del marco normativo contable.
Hay recomendaciones que directamente no han sido aceptadas por la Xunta, como la relativa a que se fijen objetivos e indicadores de cumplimiento cuando se crean incentivos fiscales.
